La sociedad panameña se ha manifestado hastiada contra la corrupción gubernamental en las calles y diversos sectores incluso se unen a la lucha por conseguir una nueva Constitución.
La credibilidad gubernamental se ve afectada por la aparente parcialidad del sistema de justicia que se denuncia. El último escándalo internacional por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios panameños reaviva las denuncias de justicia selectiva e impunidad. La propia Vicepresidenta de Panamá declaro a EFE que El caso Odebrecht ha puesto de manifiesto que las prácticas corruptas no se limitaron sólo a la multinacional brasileña y han desvelado la existencia de un “sistema de corrupción” generalizada en Panamá. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.
El órgano legislativo también es ampliamente criticado por su supuesta ineficacia para emitir leyes contra la corrupción. El proyecto de Ley 245, aprobado en primer debate e impulsado por el oficialismo, establece la posibilidad de acuerdos de penas que promueven la impunidad.
Va ganando fuerza la idea de que una nueva Constitución es la única vía para eliminar la cultura de corrupción instaurada en el sistema político, pero se requiere recoger más de 500 mil firmas para que el Tribunal Electoral pueda convocar a una Asamblea Constituyente paralela. Sin embargo, algunos sectores insisten en que el país requiere una Constituyente originaria.
La corrupción: “Si tú no robas otro lo hará”
