La recién creada Unidad Especializada de Personas Desaparecidas enfrenta, con esfuerzo, la problemática de desapariciones infantiles. En lo que va del año, el Ministerio Público ha recibido 735 denuncias.
Por Marianne Colmenárez
La desaparición de menores de edad ha generado alarma en la sociedad panameña. Las estadísticas oficiales revelan que, en lo que va del año, se han registrado 735 denuncias de desaparición de personas, de las cuales 451 corresponden a menores de edad, siendo la mayoría niñas.
Detrás de los números, hay vidas; familias rotas y una sociedad que, como dijo monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, durante la pasada Cita Eucarística, todos debemos ser custodia vigilante de la niñez panameña.
El fiscal Gustavo Barragán, a cargo de la recién creada Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, reconoce que la lucha apenas comienza. “La unidad fue formalizada el 21 de abril de este año y, gracias al trabajo en conjunto con las fiscalías regionales, hemos logrado la ubicación de 674 personas”, afirmó.
Aclaró que han pasado, de 166 casos activos, a 61. De esos, 21 corresponden a menores de edad. “No queremos quedarnos solo en la cifra, sino resaltar el esfuerzo que se está realizando”.
Barragán destacó que la mayoría de los menores de edad ubicados habían salido de sus casas por conflictos familiares. “Del 85 al 90% se va por decisiones propias. Eso no exime la gravedad, porque son potenciales víctimas”.
¿Hay casos vinculados a la Trata de Personas?
Ante la consulta sobre posibles vínculos de las desapariciones con redes de trata, el fiscal Gustavo Barragán aclaró que “hasta este momento, no hemos podido establecer un vínculo directo entre las desapariciones y la trata de personas”. Explicó que las denuncias activan las diligencias correspondientes y, cuando surgen elementos relacionados con trata, el caso se remite a la fiscalía especializada.
Por su parte, la diputada Paulette Thomas expresó que “la trata de personas no se descarta, que ese delito de trata está latente en el país y que, aunque las cifras oficiales no confirmen un vínculo directo con las desapariciones, hay redes que se dedican a captar menores para fines de trata y explotación”, lo cual exige mayor vigilancia y fortalecimiento de las investigaciones.
El fiscal Barragán subrayó que la mayoría de los reportes recibidos corresponden a niños y adolescentes que se ausentan por conflictos familiares, problemas en el hogar o por la influencia de terceros. No obstante, reiteró que “cada caso se investiga como si fuera un posible delito” para garantizar la actuación inmediata de las autoridades.
Sin espera para denunciar
Uno de los mitos que la Unidad busca derribar es el de esperar 24 horas para denunciar una desaparición. “Eso no es correcto. Si un menor no está en su entorno habitual, la denuncia debe hacerse de inmediato, las primeras horas son vitales para localizar a la persona. Si esperamos, el rastro se enfría”, explicó el fiscal.
Esperar conllevaría pérdidas de elementos que permitirían dar con la ubicación de la persona. Por esta razón, piden que reporten, que presenten las denuncias antes de que se pierda una serie de elementos que puedan orientar el caso.
Alerta Amber, una herramienta vital
La Alerta Amber es un mecanismo de difusión rápida que se activa ante la desaparición de niños, niñas o adolescentes, con el fin de involucrar a la comunidad y a los medios de comunicación para lograr su pronta y segura localización.
Desde su implementación en 2021, la Alerta Amber en Panamá ha sido activada en 317 casos y ha permitido la ubicación de 295 menores de edad.
Sin embargo, su aplicación sigue enfrentando obstáculos. La diputada Paulette Thomas, quien ha acompañado procesos de búsqueda en varios de los casos, advierte que el sistema necesita reglamentación y mayor compromiso de las empresas telefónicas, cuya colaboración ha sido mínima.
Señaló que, a pesar de ser una herramienta clave para la localización rápida de menores desaparecidos, la Alerta Amber requiere ajustes legales y mayor respaldo del sector privado para lograr su efectividad.
Destacó la necesidad de concienciar a los padres, ya que la alerta solo puede activarse con su autorización y, en muchos casos, dudan o se niegan.
El doble filo de las redes sociales
La tecnología, las redes sociales y el silencio cómplice de muchos, abren brechas por las que nuestros niños se escapan o son captados.
El uso de redes sociales ha sido fundamental para difundir alertas y ayudar en las búsquedas. Pero también representan un riesgo constante para las posibles víctimas.
“El celular puede ser la puerta para que un menor salga de su hogar o sea contactado por extraños, no basta con tenerlos encerrados en casa. Hay que supervisar y hablar con ellos”, dijo el fiscal Barragán.
Por eso, la Unidad trabaja con fiscales asistentes jóvenes, capacitados en el manejo de redes y rastreo digital. Su labor incluye revisar perfiles, publicaciones y rastrear posibles contactos sospechosos.
¿Cómo colocar una denuncia? Llamando al 104 de la Policía Nacional o puede presentarse a la instancia más cercana del Ministerio Público o de la Policía Nacional.
Vigilante de nuestros niños
Durante la reciente Cita Eucarística, monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado a la sociedad panameña a no ser indiferente ante las desapariciones de menores de edad y a asumir el deber de protección y vigilancia permanente.
“Debemos ser una custodia vigilante de la niñez panameña”, afirmó el arzobispo, exhortando a padres, educadores, autoridades y ciudadanos a comprometerse activamente en la defensa de los niños y jóvenes.
Sus palabras invitaron a reflexionar sobre la necesidad de crear entornos seguros, estar atentos a las señales de alerta y actuar con responsabilidad frente a cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la dignidad de los menores.
Recordó que la protección de los más vulnerables es un compromiso de todos y no solo de las autoridades.
