Autoridades, docentes y diputados coinciden en la necesidad de modernizar el sistema educativo panameño. Sin embargo, el proceso enfrenta retos como la desigualdad, la falta de consenso y la necesidad de participación ciudadana en la construcción de una nueva ley.
Karla Díaz
Panamá atraviesa un momento clave en la transformación de su sistema educativo. La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación ha abierto el debate nacional sobre las debilidades estructurales del modelo vigente, la modernización del aprendizaje y la necesidad de responder a las exigencias del mundo actual.
Desde el sector docente, hasta el ámbito legislativo, diversas voces coinciden en que el país mantiene una deuda histórica con la educación, aunque difieren en los mecanismos, el ritmo y la forma en que deben implementarse los cambios.
El proceso es impulsado desde el Ministerio de Educación, en coordinación con la Asamblea Nacional de Panamá, mientras gremios magisteriales, estudiantes y sociedad civil exigen participación efectiva en las decisiones.
Desigualdad y carencias estructurales
Para el dirigente magisterial y profesor Diógenes Sánchez, el principal reto del sistema educativo panameño es la desigualdad social que limita el acceso a una educación de calidad.
El educador advierte que existen alrededor de 1,200 aulas rancho en todo el país, situación que impide garantizar el derecho a la educación pública gratuita en condiciones dignas. Según explicó, aunque la ley vigente mantiene principios fundamentales como la equidad y la gratuidad, requiere ajustes puntuales para responder a la realidad actual.
El docente también cuestiona la falta de claridad sobre la propuesta oficial del Ejecutivo y señala que existen documentos consensuados, elaborados junto al Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME), en el que participaron universidades, sector privado, estudiantes, sindicatos y padres de familia.
No obstante, sostiene que muchas propuestas han quedado sin ejecutarse por falta de voluntad política.
Para Sánchez, la educación debe asumirse como la principal inversión social del país y el motor del desarrollo económico y humano, insistiendo en que el progreso nacional depende del fortalecimiento del sistema educativo.
Hoy 2 de marzo, unos 876,605 estudiantes iniciaron clases en Panamá. De estos, 737, 200 pertenecen al sector oficial y 139, 405 al sector particular.
Saldar una deuda histórica
Desde el ámbito político, el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, afirma que la reforma busca responder a una deuda histórica del país con su sistema educativo.
El diputado recordó que la actual Ley Orgánica data de 1946 y su última reforma significativa se realizó en 1995, lo que evidencia la necesidad de actualización frente a los desafíos contemporáneos.
Entre los problemas estructurales que se busca resolver destacan: deficiencias en infraestructura escolar, formación y evaluación docente, actualización curricular, descentralización del sistema y reducción de la burocracia administrativa.
Bloise subrayó que la formación docente es el eje principal de la transformación educativa, al considerar al educador como el actor clave para garantizar la calidad del aprendizaje.
Asimismo, explicó que el proceso de reforma parte del Compromiso Nacional por la Educación firmado en 2018 y contempla mesas de trabajo abiertas a todos los sectores, con el objetivo de garantizar escuelas dignas, mejor contenido pedagógico, programas de alimentación escolar y políticas de transporte para los estudiantes.
La participación ciudadana siguiendo los protocolos es importante para que el proceso se realice de la mejor manera.
Falta de voluntad política
Por su parte, la diputada Grace Hernández enfatizó la necesidad de transformar un sistema educativo, que considera “analógico” frente a un mundo digital.
Hernández sostiene que el desafío principal no es solo definir el modelo educativo, sino garantizar una transición respetuosa para los docentes y efectiva para los estudiantes. Entre sus propuestas destaca la formación de nuevas generaciones de educadores mediante programas especializados de capacitación docente.
Explicó que el proceso iniciará formalmente cuando el Ejecutivo presente el proyecto de ley, tras lo cual será discutido en la comisión legislativa mediante debates abiertos a la participación ciudadana.
También señaló que la demora histórica en la reforma responde a la falta de voluntad política y a la ausencia de consensos entre los distintos sectores del país.
Entre sus prioridades destacó la inclusión de la educación en valores y el manejo de emociones como herramientas para prevenir el acoso escolar y fortalecer la convivencia social.
Un desafío nacional pendiente
La discusión sobre la reforma educativa refleja, tanto la urgencia de transformar el sistema, como las tensiones propias de un cambio estructural de gran alcance.
Mientras los docentes reclaman mayor inclusión en la toma de decisiones, el sector político insiste en la necesidad de modernizar la educación para responder a los retos del siglo XXI.
Más allá de las diferencias, el debate revela un punto común: la educación es considerada el principal instrumento para el desarrollo social, económico y humano de Panamá, y su transformación representa uno de los mayores desafíos del país en las próximas décadas.
