Más de 315 mil niños, niñas y adolescentes indígenas viven en Panamá en medio de importantes desigualdades que afectan su acceso a educación, salud, conectividad y protección, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo con apoyo de UNICEF.
Karla Díaz
La realidad de la niñez indígena en Panamá va mucho más allá de la pobreza económica. Así quedó evidenciado durante la presentación del Primer Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes Indígenas en Panamá, evento realizado hoy lunes en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, donde se expusieron las principales vulnerabilidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de los pueblos originarios.
“Son múltiples los factores que enfrenta la niñez panameña de manera que no es lo mismo un niño pobre a un niño indígena, pobre y con discapacidad. Se van sumando una serie de condiciones que hacen todavía más vulnerable a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la Defensora del Pueblo, Ángela Russo.
Pobreza y desigualdad
En Panamá hay 315.089 niños, niñas y adolescentes indígenas, aproximadamente el 25 % de la población infantil y adolescente. El 58 % vive fuera de las comarcas, muchos en zonas urbanas, donde también enfrenta dificultades para acceder a servicios básicos y conservar su identidad cultural.
El informe revela que el 70 % de los menores indígenas vive en pobreza monetaria, mientras que el 32,6 % enfrenta pobreza multidimensional.
Dentro de las comarcas, la situación es aún más preocupante: la pobreza multidimensional alcanza al 87 % en Emberá-Wounaan, 91,5 % en Ngäbe-Buglé y 94 % en Gunayala.
Educación con grandes brechas
La educación representa otro de los principales desafíos. El 42 % de los niños indígenas está en condición de sobreedad escolar, frente al 20 % entre niños no indígenas o afrodescendientes.
También existen rezagos en los aprendizajes; la desventaja en matemáticas tempranas alcanza el 25 % y el rezago en lectura llega al 40 %. A esto se suma que apenas 31 % tiene acceso a internet.
Las barreras culturales y lingüísticas también dificultan el aprendizaje. “La educación brindada no es acorde a la cultura, puesto a que los profesores no hablan nuestro idioma”, expresó una adolescente ngäbe-buglé entrevistada para el informe.
La situación es especialmente difícil para las adolescentes indígenas que son madres, ya que el 70 % se encuentra fuera del sistema educativo, limitando sus oportunidades de formación y desarrollo.
Trabajo infantil y vulnerabilidad
La pobreza también empuja a algunos menores al trabajo. La tasa de ocupación infantil indígena es de 8,4 %, más del triple de la media nacional, que se ubica en 2,5 %.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomienda fortalecer las políticas públicas con enfoque intercultural, garantizar salud, nutrición y educación bilingüe e inclusiva, promover la identidad cultural y reforzar la protección integral y el acceso a la justicia.
El informe deja un llamado claro: garantizar los derechos de la niñez indígena requiere reconocer sus particularidades y atender las múltiples desigualdades que se acumulan sobre ellos. Cada niño, independientemente de su origen o condición, tiene derecho a estudiar, crecer en dignidad y contar con las mismas oportunidades.
