Según el informe de Naciones Unidas, publicado en julio 2020, el COVID‑19 provocará en la región de América Latina y el Caribe la peor recesión de los últimos 100 años, y se estima que generará una contracción del 9,1% del producto interno bruto (PIB) regional en 2020. Esto podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición.
Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales: elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad y de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales y pérdida de biodiversidad. Los indicadores sociales negativos siguen viéndose agravados por las tasas extremadamente altas de homicidios y de violencia de género.
La recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz.
Los costos de la desigualdad
Los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. Es imperativo encontrar un nuevo equilibrio entre el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil, con énfasis en la transparencia y mayores niveles de rendición de cuentas.
No hay recuperación económica sin equidad
En la recuperación económica, la equidad es fundamental para impulsar el crecimiento y la productividad mediante el acceso a la educación, la alimentación, la salud y las oportunidades para todas las personas, evitando la concentración del poder económico y político que limita, captura y distorsiona las políticas públicas.
Recomendaciones de las Naciones Unidas a los gobiernos
Implementar mecanismos para proporcionar a todas las personas, que viven en la pobreza, ingresos básicos de emergencia. Esto significa proveer el equivalente al umbral de pobreza para abordar la inseguridad alimentaria y la malnutrición, así como medidas para preservar las capacidades productivas, como subsidios de emergencia para MIPYMES, especialmente para cubrir los costos laborales.
Pleno acceso a la salud
Garantizar el pleno acceso de todos, quienes lo necesiten a la asistencia económica y humanitaria y a los servicios básicos, especialmente a los trabajadores del sector informal, las mujeres, los jóvenes y las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables.
Fortalecer la gobernanza democrática, el estado de derecho
Debe hacerse sobre la base de un pacto social para garantizar la legitimidad, la inclusividad y la eficacia de las políticas públicas, así como la participación de las comunidades locales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y de jóvenes. Reforzar los sistemas tributarios con un esfuerzo fiscal basado en impuestos redistributivos.
Preservar los ecosistemas naturales estratégicos
Al tiempo que se reducen las desigualdades territoriales, mediante la conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales más inclusivos, orientados a comunidades y productos locales, y respetuosos del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, promoviendo la transición a las energías renovables, y capacidades en salud y tecnologías digitales y verdes, reduciendo la vulnerabilidad a nuevas crisis.
