Ninguna persona sale de su país por simple capricho; la realidad de los refugiados se hace cada vez más latente en países latinoamericanos. Situaciones de violencia, guerra y persecuciones políticas son las principales causas por las que personas y familias enteras salen de su tierra, para pedir refugio en otro país.
Como cristianos el llamado, según el Padre Patricio Hansenss, Director de Pastoral Social Cáritas, es a acoger y a no ver a estas personas como si fueran un estorbo o una molestia.
“Hay que recordar que ellos tienen que sobrevivir como pueden mientras normalizan sus estatus dentro del país al que llegan, por eso, ofrecerles un trabajo de medio tiempo o algo con lo que puedan contar, es de gran ayuda”, dijo.
Agrega que también es necesario presionar a los políticos para que las leyes del país se adecúen a la situación, y se cumplan los estándares internacionales que propone el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), para aceptar las capacidades y posibilidades con las que llegan los refugiados en busca de asilo en otros países.
En cuanto al tema legal, Jorge Ayala de la Pastoral de Movilidad Humana y Director del Hogar Luisa, que recibe a migrantes y refugiados en nuestro país, destaca que a principios de este año, fue publicado el Decreto Ejecutivo No. 5 del 16 de enero de 2018 que regula el proceso de solicitud de asilo (refugio) en Panamá.
A través del mismo, se limitó el acceso al procedimiento a los posibles solicitantes de asilo, debido a que aquella persona que quisiera acceder al procedimiento, no puede hacerlo si su ingreso al país supera los 6 meses, condición que en el decreto anterior no existía. “Esto claramente limita a aquellas personas que pueden contar con el perfil de una persona con necesidad de protección internacional pero que, por desconocimiento, no hubiese aplicado antes”.
El miércoles 20 de junio se celebrará una eucaristía por el Día Mundial del Refugiado en la Iglesia del Carmen Pasadena.
La realidad es preocupante
Jorge Ayala destaca que no se cuenta con cifras, ni estadísticas, pero si con la certeza de que el sistema de reconocimiento de la condición de refugiado en Panamá deja en un estado de más indefenso a aquellos solicitantes de clase media hacia abajo, porque llegan a Panamá con pocos recursos que son rápidamente lapidados debido a los altos costos de vida, y el gobierno, a través del nuevo decreto, no estipula ninguna ayuda económica ni de ningún tipo a estas personas.
Tampoco se prevé un estimado de duración del trámite, lo cual deja en el limbo a los solicitantes. “En otros países sus legislaciones contemplan periodos de tiempo fijos en los cuales la autoridad correspondiente, debe dar una respuesta afirmativa o negativa al solicitante; y acá en Panamá no existe esa figura lo que implica que las solicitudes pueden demorar 6, 12, o hasta hasta 60 meses en casos extremos”.
Durante este tiempo, los solicitantes de asilo no cuentan con permiso de trabajo, ni pueden acceder a ningún programa de asistencia social del estado. Sólo cuentan con el apoyo de la Iglesia, la Cruz Roja (ambas con financiamiento exclusivo del ACNUR) y las ONG’s internacionales que han llegado para tal fin.
Los recursos son limitados y las necesidades son demasiadas, por lo que la ayuda que reciben es solo un paliativo.
