Muchos no logran comprender por qué reaccionamos ante el uso de términos como “transversalización de género”, “nuevas masculinidades”, “mujeres diversas”, etc. Y hay quienes incluso lo atribuyen todo a la actitud “oscurantista” y “retrógrada” de los católicos. Como si lo que estuviese en discusión fuese algún dogma de la Iglesia. Esos temas quedaron zanjados en los Concilios de los primeros siglos. Lo que hoy discutimos, es un tema de interés público que afecta al bien común.
El asunto es el siguiente: así como sería absurdo que el Estado se metiese a opinar o negar dogmas religiosos (porque no es su campo, porque no le compete), así de absurdo e ideológico, es que el Estado pretenda por vía de decreto, suministrar o influir en el contenido que imparten los sistemas educativos a nivel nacional con respecto a educación sexual, y en este caso, con respecto a la identidad de los ciudadanos, que más específicamente, se refiere a los niños y jóvenes, que son los más vulnerables a asimilar ideologías.
Quienes promueven esta agenda, y como si de una autoridad moral se tratara, invo-can a la ONU. Como si ignorásemos que la ONU es una organización internacional que promueve el aborto, sobre todo en los países más pobres – porque es la manera más rápida de reducir la pobreza, matar a nuevos pobres, la eutanasia y la ideología de género.
Yo no recuerdo en ningún momento de mi niñez y adolescencia haber recibido esta educación en la escuela o el colegio. En el colegio no nos enseñaban a pegarle a las mujeres, ni se nos prohibía llorar cuando se moría un ser querido.
No necesitamos “nuevas masculinidades” y mucho menos que el Estado nos enseñe sobre “géneros”. Lo que se necesita es fortalecer a la familia, porque esta educación le compete a los padres y no al colegio.
