La Autoridad del Canal de Panamá sostiene que el proyecto Lago Río Indio es una decisión estratégica para garantizar agua potable, preservar la operación canalera y enfrentar el cambio climático. Mientras las comunidades campesinas expresan preocupación por el impacto social del embalse, la ACP asegura que habrá reasentamientos con participación ciudadana y compensaciones justas.
Karla Díaz
La construcción del proyecto Lago Río Indio representa, según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una decisión de interés nacional para garantizar el abastecimiento de agua potable y la sostenibilidad hídrica del país en las próximas décadas.
Tras las inquietudes expresadas en la edición pasada por las comunidades campesinas de Tres Hermanas y otras zonas que podrían verse afectadas por el embalse, la ACP defendió la iniciativa como una respuesta urgente a la crisis hídrica que enfrentó Panamá entre 2023 y 2024, cuando los bajos niveles de agua en los lagos Gatún y Alajuela obligaron a reducir el número de tránsitos por el Canal.
La institución sostiene que el proyecto no solo busca fortalecer el funcionamiento de la vía interoceánica, sino también asegurar agua para la población y enfrentar los efectos del cambio climático.
John Langman, vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP, explicó que la propuesta debe entenderse como una obra estratégica para el futuro del país y no únicamente como una necesidad operativa del Canal.
“Esto no puede verse solamente pensando en el presente. Tenemos que pensar hacia dónde va el país y cuáles serán las necesidades futuras de agua para la población y para el Canal”, expresó.
Según Langman, desde el año 2000 se han realizado estudios para encontrar nuevas fuentes hídricas capaces de fortalecer el sistema del Canal y garantizar el suministro de agua potable para la población. Indicó que, luego de evaluar más de 30 opciones, nuevamente se concluyó que Río Indio era la más viable.
La ACP asegura que el proyecto contempla, no solo la construcción de una nueva reserva de agua, sino también un componente social enfocado en las familias que deberán ser reasentadas debido a la creación del embalse.
Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto, argumentó que ya se han realizado reuniones comunitarias y consultas participativas con residentes de las áreas impactadas, además de trabajar en un marco de compensación construido junto con las comunidades afectadas.
Agregó Vergara que el objetivo es desarrollar un proceso de reasentamiento que garantice mejores condiciones de vida para las familias y reduzca el impacto social de la obra. No obstante, en las comunidades persisten preocupaciones relacionadas con el desplazamiento, la pérdida de tierras productivas y el futuro de sus modos de vida.
El proyecto ha abierto un debate nacional sobre cómo equilibrar el desarrollo de la infraestructura hídrica con la protección de las comunidades rurales y los recursos naturales. Para la ACP, la urgencia de ampliar las reservas de agua responde a una realidad cada vez más evidente: el aumento de las sequías y la variabilidad climática amenazan, tanto el acceso al agua potable como la operación del Canal de Panamá, una de las principales fuentes económicas del país.
Durante la crisis climática reciente, el Canal tuvo que aplicar restricciones de calado y disminuir el número de barcos que cruzaban diariamente, generando impactos económicos y logísticos a escala internacional. Ese escenario, según la ACP, evidenció la vulnerabilidad del sistema hídrico nacional y la necesidad de tomar decisiones de largo plazo.
Langman insistió en que el proyecto debe entenderse como parte de una estrategia integral de seguridad hídrica para Panamá. Aseguró que la demanda de agua continuará creciendo debido al aumento poblacional y al desarrollo urbano, especialmente en las provincias de Panamá y Colón, que dependen en gran medida del sistema hídrico canalero.
La ACP sostiene que la construcción del lago permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento de agua dulce y brindar mayor estabilidad durante períodos de sequía prolongada. Además, argumenta que la obra ayudaría a reducir riesgos futuros asociados al cambio climático.
Mientras avanza la discusión pública, las comunidades afectadas continúan solicitando información clara sobre los posibles impactos del proyecto y las condiciones en que serían reubicadas. Organizaciones sociales y residentes han pedido transparencia en los procesos de consulta y garantías sobre las compensaciones.
Por su parte, la ACP reiteró que continuará el diálogo con las poblaciones involucradas y defendió que la obra representa una medida necesaria para asegurar el acceso al agua en Panamá durante las próximas generaciones.
El debate sobre Río Indio refleja uno de los mayores desafíos del país: cómo garantizar agua suficiente para la población y el Canal sin dejar de lado el impacto humano y social que una obra de esta magnitud puede generar en las comunidades rurales.
Mientras tanto, la entidad cambia de liderazgo. Ilyia Espino de Marotta, quien está a cargo de la sub administración y también de liderar el proyecto de Río Indio, ha sido elegida como la primera mujer que asumirá el reto de administrar el Canal de Panamá por los próximos siete años y, con ello, la sostenibilidad de la vía.
