Los especialistas consultados advirtieron que el tiempo de diagnósticos ya pasó y que el país enfrenta una “brecha” significativa en inversión y gestión, que requerirá decisiones estructurales para garantizar el acceso al agua potable a largo plazo.
Karla Díaz
A lo largo de las publicaciones anteriores se abordaron las desigualdades en el acceso al agua potable, las deficiencias en la infraestructura de distribución, el crecimiento de la demanda y los desafíos que plantean la expansión urbana, la contaminación de las fuentes hídricas y el cambio climático.
Las investigaciones, entrevistas y testimonios recopilados durante este recorrido permitieron evidenciar una realidad que afecta a miles de personas en distintas regiones del país.
Aunque Panamá es reconocido internacionalmente por su abundancia de recursos hídricos, la disponibilidad de agua no siempre se traduce en un acceso equitativo y constante para toda la población. En numerosos sectores, especialmente durante la estación seca o ante fallas en el sistema, las interrupciones del servicio forman parte de la vida cotidiana de muchas familias.
Sin embargo, expertos, técnicos y organizaciones ciudadanas coinciden en que la crisis no es irreversible. Por el contrario, consideran que el país aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo mediante inversiones estratégicas, reformas institucionales y una planificación de largo plazo que permita garantizar la seguridad hídrica de las futuras generaciones.
Crecimiento demográfico y poca demanda
Desde la perspectiva técnica, el ingeniero Isaac González, gerente metropolitano del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), advierte que uno de los principales desafíos radica en que la infraestructura de producción y distribución de agua potable no ha crecido al mismo ritmo que la ciudad.
Para González, el crecimiento demográfico, comercial e industrial que ha experimentado la región metropolitana ha provocado que la demanda de agua avance más rápido que la capacidad instalada del sistema.
Ante este panorama, el funcionario señala que ya se trabaja para evitar que la situación se agrave en los próximos años, sobre todo, fortaleciendo los programas de detección y reparación de fugas para reducir el volumen de agua no contabilizada que actualmente se pierde en las redes de distribución.
Y es que casi el 50% del agua potable se pierde por tuberías rotas y una red de distribución deteriorada.
El plan Panamá Sin Fugas ya ha reparado más de 300 averías en Betania, Juan Díaz y San Miguelito.
Para enfrentar esta situación, la entidad mantiene en marcha el programa integral “Panamá sin Fugas”, que reúne cuadrillas de distintas regiones para intervenir de forma masiva los puntos más críticos de la red.
La estrategia incluye barridos comunitarios para detectar y atender nuevas rupturas en la red, además de dar seguimiento a las reparaciones ya ejecutadas con el objetivo de mantener controladas las fugas y estabilizar el sistema de distribución.
Con ello, buscan reducir las pérdidas de agua potable, agilizar la reparación de averías y mejorar la infraestructura vial afectada por estas intervenciones, mediante un esquema de acción rápida.
Debate y evaluación
A estas propuestas se suman las planteadas por organizaciones como el Grupo Pro-Rescate del Agua, cuyos miembros consideran que los problemas actuales también tienen raíces institucionales.
Para esta organización, la solución no depende únicamente de nuevas obras de infraestructura, sino de una transformación profunda en la forma en que Panamá administra, protege y planifica sus recursos hídricos.
El ingeniero Abdiel Cano, exdirector del IDAAN y miembro de esta organización civil, indicó que ellos apoyan la creación de una Autoridad Nacional del Agua que concentre las competencias relacionadas con la gestión hídrica, reduzca la dispersión institucional y permita desarrollar políticas públicas coherentes y sostenibles.
Añadió Cano que también proponen la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad Hídrica, integrado por representantes del Estado, la empresa privada, la academia y la sociedad civil, con el objetivo de coordinar estrategias de largo plazo frente a los desafíos que enfrenta el país.
¿Estancarnos o avanzar?
Aunque el ingeniero Isaac González evitó respaldar directamente iniciativas específicas de reforma institucional, reconoció que Panamá debe abrir un debate sobre la gobernanza del agua y evaluar si el modelo actual responde adecuadamente a las necesidades futuras.
Sus declaraciones coinciden con las advertencias realizadas por especialistas y organizaciones ciudadanas, que insisten en la necesidad de modernizar, no solo la infraestructura, sino también las estructuras encargadas de administrar uno de los recursos más importantes para el desarrollo nacional.
Las propuestas aquí presentadas reflejan distintos enfoques, pero comparten un mismo objetivo: garantizar que el agua continúe siendo un recurso disponible para todos los panameños.
La magnitud del desafío exige decisiones que trasciendan los períodos gubernamentales y permitan construir una política hídrica de Estado capaz de responder a las necesidades actuales y futuras del país.
