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Comunicado de entidades católicas frente al tema minero en Panamá

Distintos movimientos, asociaciones, grupos pastorales y congregaciones religiosas de la iglesia católica, expresan su preocupación “frente a algunas acciones y al proceso que se está llevando a cabo con el fin de convertir a panamá en un país minero”.

En marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los distintos movimientos, asociaciones, gru-pos pastorales y congregaciones religiosas de la Iglesia Católica de Panamá que firmamos este comunicado expresamos a la comunidad panameña en general nuestra gran preocupación frente a algunas acciones y al proceso que se está llevando a cabo con el fin de convertir a Panamá en un “país minero”.

Los hechos incluyen: la otorgación de la concesión de más de 25,000 hectáreas de tierra entre las provincias de Coclé y Colón; la evidente negociación con empresas mineras internacionales a espaldas del pueblo panameño y las comunidades afectadas; un proceso de supuesto “diálogo” sobre el tema minero sin la inclusión de actores que se opongan a este modelo para el país; y el mencionar continuo de las áreas de la Comarca Ngäbe-Bugle, sin respetar el claro rechazo de estas poblaciones a la minería y una ley espacial que prohíbe tal actividad en sus territorios.

Los ejemplos de daño ambiental, combinados con una débil institucionalidad y corrupción, sobran en el tema minero durante las últimas décadas.

Para mencionar algunos… los sitios mineros abandonados, como las minas Santa Rosa en Cañazas y Petaquilla en Molejón las cuales han dejado graves daños ambien-tales y situaciones precarias para las comunidades cercanas. Hasta el momento, el estado panameño no ha sido capaz de resolver estas situaciones peligrosas.

Otro ejemplo doloroso, poco conocido por el pueblo panameño, es que el estado panameño pagó a una empresa minera norteamericana casi dieciséis millones de dólares en noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando un mecanismo de arbitraje del Banco Mundial falló a favor de la empresa que quiso seguir su actividad ilegal en Cerro Chorcha de la Comarca Ngäbe-Bugle (ICSID caso ARB/16/13).

Entre los varios temas relacionados a la minería que nos preocupan, podemos mencionar los daños ambientales, su debilidad como modelo económico y la falta de participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones…

Entidades católicas demandan
  • Que las instituciones correspondientes abran un espacio de amplio y auténtico diálogo que involucre a todos los actores y no descarte una moratoria minera total como resultado del proceso.
  • Que el Ministerio de Co-mercio e Industria suspenda la nueva concesión de 25 mil hectáreas hasta que el proceso anteriormente mencionado llegue a su término (Resolución no. 89 de 12 de mayo de 2021).
  • Que el gobierno cumpla efectivamente con el reciente vigente Acuerdo Escazú que ese aplica a los procesos de verdadera participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones que las afectan.

Cuidar de nuestra Casa Común:

Como parte del Corredor Biológico Mesoamericano, Pana-má goza de ser unos de los lugares con más biodiversidad en el planeta. Como creyentes, vemos en esa bendición el compromiso de cuidar de nuestra Casa Común. El lenguaje adoptado por las empresas mineras y gobiernos (limpio, sostenible, verde) son expresiones plenamente falsas frente a los daños irreparables y no mitigables que trae en sí esta industria.

Como menciona el Papa Francisco en Laudato Si, “las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre”, como el ejemplo actual de Molejón (Laudato Si´, 51).

La minería en el contexto de Panamá destruye vastas extensiones de bosque tropical. Es-tos daños no son mitigados por la siembra de monocultivos en otro lugar, así como las fincas de monocultivos no son “reforestación”. “El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis” y puede “afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan” (Laudato Si’ 39).

El uso y contaminación del agua es también significativo. La minería, por fin, es una actividad finita que cuando agota los recursos sólo deja destrucción, desolación y poca capacidad de regeneración ambiental.

LLAMADO. Organizaciones exigen un proceso de diálogo tansparente sobre el tema minero. REALIDAD. La minería en el contexto de Panamá destruye vastas extensiones de bosque tropical.

Buscar modelos económicos justos:

La justificación por parte del gobierno y otras entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo en impulsar la actividad minera en este momento es la reactivación de la economía postpandemia. En este tema, queremos dar eco de nuestros obispos de Centroamérica, quienes dijeron que “no toda inversión es deseable; es el caso de la minería”. Los países de la región, incluyendo a Panamá, “tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población” (SEDAC, 26 de noviembre 2010).

Debemos tener en cuenta que Panamá es un país pequeño y con ecosistemas muy frágiles, por lo que se hace necesario sentar las bases de una economía verde y de una producción circular que nos beneficie a todos junto con el medio ambiente. En lugar de aceptar un modelo de “desarrollo” minero que ha provocado grave desigualdad en otros países, con una sana visión postpandemia mejor buscamos “un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamente en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos” (Aparecida, 474.c). Ya es momento de dejar de ver la creación de Dios como “bienes del mercado”.

Respetar la dignidad de todas las poblaciones:

Vale mencionar también que las experiencias con la industria minera en el país, así como en todos los países, ha sido de poca consulta y respeto a las poblaciones afectadas. La manipulación y corrupción dominan en lugar del diálogo. Por eso, los obispos de Centroamérica han señalado que no “se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas” (SE-DAC, 26 de noviembre 2010).

El Papa dice en Laudato Si’ que “la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y pro-yectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente” (182).

En estos procesos, las poblaciones tienen todo el derecho de decir “no” a la imposición de estos megaproyectos que cambiarán completamente sus vidas en forma negativa. Resaltamos el ejemplo de los consensos logrados por los pueblos indígenas ngäbe y bugle en la Ley 11 de 2012 de no permitir la mina metálica en sus territorios, acuerdos que los organismos nacionales e in-ternacionales deben respetar. El Papa Francisco afirma en Querida Amazonia, que “no respetan el derecho de los pueblos origi-narios al territorio y a su demar-cación, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen” (14). El sentir de estas palabras se aplica también en territorios no indígenas, donde las poblaciones rurales siguen sufriendo la injusta imposición de estos perjudiciales proyectos.

Basados en lo mencionado, demandamos…

  • Que las instituciones correspondientes abran un espacio de amplio y auténtico diálogo que involucre a todos los actores y no descarte una moratoria minera total como resultado del proceso.
  • Que el Ministerio de Comercio e Industria suspenda la nueva concesión de 25 mil hectáreas hasta que el proceso anterior-mente mencionado llegue a su término (Resolución no. 89 de 12 de mayo de 2021).
  • Que el gobierno cumpla efec tivamente con el reciente vigente Acuerdo Escazú que ese aplica a los procesos de verdadera participación de las comunidades afectadas en la toma de decisio-nes que las afectan.

“No podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discu-siones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los po-bres” (Laudato Si´ 49).

5 de junio de 2021 (Día Mundial del Medio Ambiente)

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