Expertas internacionales advierten que la falta de comunicación convierte a niños y adultos sordos en una población altamente vulnerable a la violencia y dificulta las denuncias
Karla Díaz
La necesidad de construir comunidades eclesiales verdaderamente accesibles, donde las personas sordas puedan comunicarse, denunciar y encontrar apoyo, marcó la primera jornada del Congreso para Personas Sordas que se celebra en la ciudad de Panamá, organizado por el Centro de Comunicación y Promoción para América Latina (CEPROMELAT), en coordinación con la Arquidiócesis de Panamá.
Hoy, las conferencias estuvieron a cargo de Laureen Lynch, fundadora de una organización dedicada a acompañar a mujeres sordas sobrevivientes de abuso en Estados Unidos, y de la psicóloga sorda Mary Ann Barth, del estado de Kentucky, quienes compartieron una reflexión sobre la realidad que viven miles de personas sordas víctimas de violencia física, psicológica y sexual.
Las expositoras coincidieron en que el abuso hacia las personas sordas no puede comprenderse únicamente desde la agresión, sino también desde las múltiples barreras de comunicación que impiden denunciar, acceder a la justicia y recibir acompañamiento.
Una comunidad con identidad propia
Durante su intervención, Laureen Lynch explicó que el término Deaf hace referencia a la comunidad sorda que asume su identidad cultural, utiliza la lengua de señas y encuentra en otras personas sordas un espacio de pertenencia.
Subrayó que muchas personas sordas no se consideran personas con discapacidad, sino una minoría lingüística y cultural que históricamente ha enfrentado discriminación y exclusión.
En ese contexto explicó el concepto de audismo, entendido como la discriminación ejercida por personas oyentes que consideran superior la capacidad de escuchar, generando prejuicios, exclusión y barreras para la participación plena de las personas sordas.
«La sociedad todavía no se ha adaptado a nosotros», fue uno de los mensajes centrales de la conferencia.
La barrera comienza en casa
Las especialistas señalaron que entre el 90 % y el 95 % de los niños sordos nacen en familias oyentes, pero únicamente alrededor del 22 % de esos padres aprende lengua de señas y logra comunicarse eficazmente con sus hijos.
Esta realidad provoca aislamiento, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades para expresar emociones y una mayor vulnerabilidad frente a cualquier tipo de abuso.
«La privación lingüística también es una forma de violencia», explicaron durante la exposición, al destacar que la ausencia de comunicación limita el acceso a la educación, la salud y la protección.
Estadísticas que preocupan
Mary Ann Barth presentó cifras provenientes de investigaciones realizadas en Estados Unidos que reflejan la magnitud del problema.
Según los estudios citados, entre el 50 % y el 91 % de las niñas sordas han sufrido abuso sexual, mientras que aproximadamente el 54 % de los niños sordos también han sido víctimas, una cifra muy superior a la registrada entre niños oyentes.
Advirtió además que muchos países carecen de investigaciones y estadísticas oficiales, por lo que el problema podría ser aún mayor.
El silencio favorece al agresor
Las expositoras explicaron que los agresores suelen identificar rápidamente a las personas sordas que viven aisladas de su familia o cuyos padres no manejan la lengua de señas.
Construyen poco a poco una relación de confianza mediante regalos, atención especial y frases como «eres especial», «este es nuestro secreto» o «yo sí te entiendo», estrategias conocidas como grooming, que facilitan la manipulación y el abuso.
Posteriormente, las víctimas encuentran enormes dificultades para denunciar.
Muchas se preguntan: ¿A quién le cuento?, ¿Me van a creer?, ¿Cómo explico lo que ocurrió?, ¿Habrá alguien que entienda mi lengua?
La falta de intérpretes, de canales accesibles y, en algunos casos, la incredulidad frente a las denuncias cuando involucran figuras de autoridad, se convierten en obstáculos que prolongan el sufrimiento.
Una Iglesia llamada a responder
Las conferencistas insistieron en que las instituciones, incluida la Iglesia, deben garantizar respuestas rápidas y transparentes frente a cualquier denuncia.
Entre las acciones necesarias mencionaron:
- atención inmediata a las víctimas;
- cooperación con la justicia civil;
- suspensión preventiva de los presuntos agresores;
- comunicación abierta y transparente con la comunidad;
- respeto y acompañamiento a quienes denuncian.
También animaron a reducir las barreras de comunicación mediante el uso de intérpretes de lengua de señas, aplicaciones de traducción, gestos, escritura en papel o cualquier otro recurso que facilite el diálogo cuando no exista un intérprete disponible.
Cambiar el paradigma
Como conclusión, Mary Ann Barth y Laureen Lynch invitaron a promover un cambio cultural que permita reconocer que el abuso sí ocurre y que las personas sordas tienen derecho a ser escuchadas.
«La transparencia, el reconocimiento de las víctimas como personas valientes y el compromiso de toda la sociedad son indispensables para romper el silencio», afirmaron.
El Congreso continúa desarrollándose con espacios de formación y reflexión orientados a fortalecer la pastoral con personas sordas en América Latina, promoviendo una Iglesia más accesible, inclusiva y comprometida con la dignidad de cada persona.
