Nuestro país ha experimentado un aumento de las protestas sociales en los últimos meses, caracterizado por constantes cierres de vías, marchas, manifestaciones.
Por Redacción
Desde el pasado 23 de abril, Panamá mantiene un estado de incertidumbre por la huelga de docentes y los cierres de calles por parte de estudiantes de la Universidad de Panamá y obreros, quienes se oponen a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, la firma del Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos, el proyecto de embalse de río Indio y a la minería, a lo que se suma la situación de desempleo y otros problemas sociales que aquejan al país.
Huelga de docentes
La huelga de los educadores ya alcanza más de dos meses, por la que se han visto afectados más de 300 mil estudiantes de las escuelas oficiales del país. Padres de familia y estudiantes ven con preocupación que, hasta la fecha, autoridades nacionales y huelguistas no hayan logrado un acuerdo para volver a las aulas de clases.
Los educadores en huelga aseguran que no retornarán hasta que el Gobierno no derogue la Ley 462, que modifica la Caja de Seguro Social.
El dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Diógenes Sánchez, asegura que la huelga sigue en pie, aunque reconoce que muchos maestros están sufriendo el impacto financiero de la huelga.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha reiterado su llamado a que vuelvan a las aulas, asegurando que no habrá despidos. Pero ya están preparados para reemplazar a profesores y ocupar las plazas docentes.
Bocas del Toro
Por otro lado, está la detención, en medio de las conversaciones de diálogo, de Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), pues contra él pesan cuatro denuncias, entre ellas: apología del delito.
Este hecho trajo como respuesta que las protestas y cierres en la provincia de Bocas del Toro fueran más crudas y duras. Allí, supuestamente, grupos delincuenciales destruyeron la propiedad privada e incendiaron el estadio de béisbol Calvin Byron, y parte del Aeropuerto de Changuinola, lo que provocó que el Gobierno nacional decretara estado de emergencia y suspendiera las garantías constitucionales, además del corte de la telefonía celular en la provincia.
La Policía Nacional se tomó Bocas del Toro y, de acuerdo con organizaciones de los Derechos Humanos nacionales e internacionales, hubo abuso de autoridad y violación de los derechos humanos de los grupos originarios.
Luego de esta intervención, la provincia de Bocas del Toro vuelve, poco a poco, a la normalidad; cesaron los cierres de vía y con ello se da el abastecimiento de alimentos , combustible. y suministro de insumos y medicianas para los hospitales y centros de salud.
Al finalizar esta semana, los aprehendidos durante el estado de emergencia, y a quienes no se les demostró delito alguno, han sido liberados.
Embalses de río Indio
Los campesinos que viven en las riberas de río Indio han alzado su voz y se oponen, de manera rotunda, a el proyecto Agua del Futuro (Embalse de río Indio) que promueve la Autoridad del Canal de Panamá.
Alrededor de 2,500 personas de las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste, se verán afectadas por la construcción de este embalse.
Llamado a la paz y al diálogo
La Iglesia católica ha sido enérgica en solicitar a las autoridades el cese del excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes, y ha hecho un llamado al diálogo, a buscar el bien común y la paz que tanto anhela el pueblo panameño, pues Panamá necesita un diálogo de altura entre todos los sectores de la sociedad, para seguir adelante y salir de la situación difícl en la que se encuentra.
Datos
La huelga de los gremios de educadores públicos se da en rechazo a la Ley 462, que modifica la Caja de Seguro Social.
El Gobierno ha iniciado el proceso de contratación de nuevos docentes y realiza descuentos salariales para aquellos que no regresen a las aulas.
Se han realizado marchas y manifestaciones por parte de los docentes, en diferentes puntos del país, para exigir la derogación de la ley.
Los docentes consideran que la ley es perjudicial para sus derechos laborales y la seguridad social.
Los educadores y gremios empresariales han iniciado una serie de acercamientos para buscar poner fin a esta huelga, que afecta a los estudiantes del sector oficial.
