Hace unas semanas se aprobó la resolución que le permite a una compañía extranjera la extracción de oro del Cerro Quema, en Tonosí, provincia de Los Santos, decisión que ha sido condenada por moradores, expertos de medioambiente y agrupaciones católicas ecologistas.
Redacción
Ante el resurgimiento del peligro de la minería a cielo abierto en Cerro Quema, la Iglesia Católica reiteró que esto “no es viable ni sostenible” en Panamá y que “no hay dinero en el mundo que compense el daño” que puede causar.
Las protestas no se han hecho esperar. Y a los grupos organizados de la Península de Azuero se han sumado ecologistas nacionales e internacionales.
Mientras que el Ministerio de Comercio e Industrias asegura que el proyecto es “ambientalmente viable” y por ello esta administración decidió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por cumplir con los requerimientos técnicos y formales.
Agrega que ratificó la decisión tomada por la administración anterior, debido a que la concesionaria “se hace cargo adecuadamente de los impactos producidos por el desarrollo de la actividad”.
En tanto, la Diócesis de Chitré, Herrera y Los Santos, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana y la Pastoral Social Caritas, emitieron un comunicado de rechazo al proyecto que fue leído en todas las homilías de las iglesias del país.
El pasado 1 de junio, el Ministerio de Ambiente aprobó el EIA, categoría III, del proyecto minero de Cerro Quema, lo que revivió una vieja y agria polémica.
“Una mina de explotación de oro y cobre, a cielo abierto, en donde se utilizará cianuro y otros contaminantes para trabajar, en una zona de unas 15 mil hectáreas, es un peligro para las personas y la ecología”, resaltó el comunicado de la Iglesia.
“Por ello, desde 1997, ha habido mucha oposición por parte de los habitantes de la zona, pero no se ha hecho caso al clamor de la gente”, agregó.
El obispo de la Diócesis de Chitré, monseñor Rafael Valdivieso, lamentó que haya personas que piensen que el desarrollo económico debe lograrse a través de la devastación del medio ambiente.
“En otros países, la minería ha traído dinero, pero cuando se acaba el dinero, la vida también se acaba, y esta es la riqueza más grande de un país”, subrayó.
Aclaró que no se opone al desarrollo, sin embargo, le preocupa porque una mina a cielo abierto no solo afecta las fuentes hídricas de la región, sino también la producción agrícola y la vida de las personas.
Estas preocupaciones chocan con los principios que asegura practicar la empresa. “Nuestro compromiso en Orla Cerro Quema es desarrollar buenas prácticas de minería responsable, iniciativa que forma la base central de nuestras decisiones”.
¿Qué dice el polémico estudio?
La Resolución DEAIA-1-A 038-2023, de 25 de mayo de este año, detalla que el proyecto de Cerro Quema consiste en una mina “a tajo abierto convencional”, que utilizará una solución diluida de cianuro.
Una mina a tajo abierto supone la extracción de todo el material existente en la zona en donde está el proyecto, a través de maquinaria pesada.
Según la Resolución, el proyecto contará con una instalación de lixiviación de 10 mil toneladas diarias que serán tratadas en patios de lixiviación convencional de mineral triturado.
La extracción minera se desarrollará en cuatro fases con un área de almacenamiento de materiales peligrosos, incluyendo el cianuro.
“Hasta las últimas consecuencias”
Para el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), los perjuicios que el proyecto minero le provocará al medio ambiente y la población, son “graves”, más aún, porque utilizará cianuro.
Isaías Ramos, biólogo del Ciam, afirmó que se utilizarán punto 48 kilogramos de cianuro por tonelada de tierra molida, y si se usan 10 mil toneladas diarias de tierra molida, la cantidad de cianuro sumaría 4,8 toneladas por día.
“Van a quitar toda la vegetación, moler esos cerros, y dejar una planicie, usando el agua en una región en donde no hay”, advirtió.
El Ciam presentará acciones legales para tratar de frenar el avance de este proyecto, que llevarán hasta las últimas consecuencias.
A juicio de Ramos, el hecho de que la aprobación del EIA no fue firmada por el Ministro de Ambiente, sino por un subalterno levanta suspicacias.
“Hay un tigre o un jaguar encerrado en este tema, porque los principales se van y dejan firmando a subalternos”, sentenció.
Insistió en que el daño que causará este proyecto a la población será “permanente”, porque en esa área recargan los ríos Orea, Tonosí y Guararé, entre otros afluentes.
Por su parte, la también ambientalista, Raisa Banfield, dijo que es una “tamaña incongruencia” aprobar una mina de oro en donde nace el agua de la Península de Azuero.
“Despertaron al monstruo! MiAmbiente tiene que responderle al pueblo santeño qué justifica que le entreguen su agua a una empresa destructiva y contaminante”, agregó.
Problema de vieja data
Durante décadas, los vecinos del proyecto de Cerro Quema han denunciado el peligro que genera el uso de cianuro para la salud humana y el medio ambiente.
En enero de 2017, estudiantes de la Universidad de Panamá se adentraron en Cerro Quema y La Pitaloza para preguntar sobre los efectos de la minería en el área.
“Sí hay deterioro”. “El Cerro Quema está cada vez más pelado”. Fueron algunas de las respuestas plasmadas en una encuesta. Además, dijeron que el agua del río Quema se tornó turbia y contaminada, lo que produce dolores intestinales entre los pobladores de Mogollón y Quema.
Añadieron que, pese a que los promotores de la mina se “aprovechan” de la pobreza del lugar para lograr apoyo mediante la entrega de beneficios, escaseaban los centros de atención médica y las carreteras.
Informes reiteran daños
En septiembre de 2016, funcionarios del Gobierno de Canadá, encargados de supervisar el comportamiento de empresas mineras canadienses en el extranjero, visitaron Panamá e hicieron referencia a ciertas irregularidades.
En su informe subrayaron que las carreteras que hizo la concesionaria para la exploración del terreno no cumplieron con las normas ambientales, y eso produjo daños que enfurecieron a la población.
“Las carreteras para la prospección no se construyeron conforme a normas ambientales adecuadas, lo cual se tradujo en erosión de sedimentos y contaminación de un río situado más abajo”, plantearon.
Estas protestas dieron vida al Frente Santeño Contra la Minería (Fresacomi) y a la internacionalización de esta lucha.
