Nubarrones internos y otros procedentes del Norte se juntan en un inédito ambiente enrarecido que amenaza con desatar una tormenta.
Por Redacción
Panamá enfrenta situaciones inéditas que podrían crear una “tormenta perfecta”. Temas inconclusos como las reformas a la Caja de Seguro Social y la explotación minera, se juntan con veladas amenazas del presidente Donald Trump sobre Panamá y una posible recesión económica mundial por la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China.
Y en medio de esto, el país lucha por recuperar el ritmo económico que perdió durante la pandemia, en un ambiente atizado por un elevado déficit fiscal de 7.4%, una tasa de desempleo que ronda el 9.5% y una deuda externa de alrededor de 53 mil 736 millones de dólares.
A ello, se suman los nubarrones de la huelga nacional del sector magisterial, en rechazo a las reformas a la CSS, a la posible reapertura de la mina de cobre y a la construcción de embalses en Río Indio para suplir al Canal de Panamá y dotar de agua potable a un importante sector de la población.
En el plano económico, la deteriorada situación del país ha precarizado la calidad del mercado laboral y generado un ejército de trabajadores informales de 770 mil personas.
La nota positiva, es que el Banco Mundial proyecta que la economía panameña crecerá de forma sostenida, aunque la pregunta entre economistas locales, es si ese crecimiento podrá absorber la oferta laboral que se produce todos los años.
La Organización Mundial del Comercio advierte sobre una posible recesión económica mundial.
Vientos de huelga
Aunque para el Gobierno del presidente José Raúl Mulino el tema de las reformas a la CSS está cerrado, gremios magisteriales y otros grupos sindicales consideran que la lucha apenas comienza.
Las primeras escaramuzas de los docentes y sindicalistas no han mostrado mucho músculo. Mientras que el Ejecutivo reiteró su advertencia de descuentos para los educadores que se vayan a huelga y un enérgico policial para evitar cierres de calles.
Según los docentes, la Ley 462 que reforma la CSS condena a las nuevas generaciones a recibir “pensiones de hambre”. También afirman que la contratación (al sexto año de vigencia de esta ley) de tres entidades que revisen los estudios actuariales y la sostenibilidad de la edad de jubilación, es un aumento disfrazado.
El Gobierno responde que la ley no contempla, expresa o solapadamente, un aumento de la edad de jubilación, que las futuras pensiones serán más altas, que el 90% de las inversiones de la CSS será manejado por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, que la institución mejora su gobernanza y que se rompe el control de los gremios internos sobre los temas administrativos.
Y mientras el tema permanece abierto, las reformas parecen disipar, al menos por ahora, las advertencias de calificadoras internacionales de riesgo de retirar el tan anhelado Grado de Inversión.
EE.UU y sus intenciones sobre el Canal
Desde mucho antes de jurar, por segunda vez, como el presidente 47 de Estados Unidos, el pasado 20 de enero, Trump lanzó una ofensiva mediática contra Panamá, basada en su velada intención de recuperar el Canal de la “maliciosa y creciente influencia china”.
Pero el Canal es apenas uno de los elementos del menú en el conflicto entre estas superpotencias. Las escaramuzas se registran con intensidad en el campo comercial, con lo que analistas internacionales definen como una “guerra comercial”.
Trump impuso aranceles de hasta el 125% a China, que replicó con una imposición de entre 34 y 84%. Y en medio de esta disputa comercial, la Organización Mundial del Comercio advierte sobre una posible recesión económica mundial de graves repercusiones, sobre todo para las economías que aún no se reponen de la pandemia.
La ofensiva mediática de Trump sobre el presunto control de China en los puertos y el Canal incluyen, lo que el propio presidente Mulino y altos funcionarios de su gobierno, califican como falsedades.
Lo cierto, es que luego de las visitas de ablandamiento de los secretarios de Estado, Marcos Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, Trump parece haber obtenido parte de lo que pretende con Panamá, según analistas locales e internacionales.
Pero, a pesar de que el gobierno de Mulino lo niega a gritos, Rubio y Hegseth no se fueron con las manos vacías.
Lo cierto es que Mulino retiró a Panamá de la Ruta de la Seda, una auditoría a los puertos amenaza con anular el contrato con la transnacional que Trump asegura trabaja para China. El Ejército norteamericano tendrá presencia rotativa en ambas entradas del Canal y los buques de guerra estadounidenses tendrán paso expedito y con una figura denominada “costo neutral”.
Y en medio de esta situación, la Iglesia Católica ha levantado su voz en una firme defensa de la soberanía del país y de la neutralidad del Canal. “La soberanía no se mendiga, la soberanía, se defiende”, ha reiterado el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.
En Panamá, retumban las voces de diferentes sectores que aseguran que la retórica de Trump y sus altos funcionarios no se ajusta a la realidad.
Hegseth insistió en Panamá sobre acuerdos que incluyen el establecimiento de tropas militares y el paso expedito y gratis de buques de guerra, lo que fue desmentido en su presencia por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.
Este desacuerdo narrativo y sintáctico motivó que la Cancillería le exigiera a la Embajada de EE.UU. que incluyera en la Declaración Conjunta el reconocimiento a la soberanía indiscutible de Panamá sobre el Canal.
Los actos de esta obra dramaturga parecen que están lejos de terminar. El forcejeo mediático seguirá con un Trump apostando a su estrategia de falsedades y Panamá luchando para que su verdad sea escuchada.
Evolución de las amenazas del presidente estadounidense
2024: 22 de diciembre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advierte en Palm Beach que recuperará el Canal de Panamá por la amenaza china.
2025: 1 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llega a Panamá y sostiene que “se ha notado una gran presencia china en Panamá”.
2025: 11 de abril, Panamá y EE.UU. firman un memorando de entendimiento que provoca una diferencia semántica y de interpretación entre ambas gobiernos.
