Ya antes de la pandemia, 400,000 panameños y panameñas sufrían de subalimentación; 19.0% del total de la población total y el 32.8% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional; el 23.0% de las mujeres en edad reproductiva padecían de anemia; el 46.0% de nuestros jóvenes no alcanzaban a completar la educación media.
La pandemia no ha hecho más que radicalizar esta situación generando que el ya agotado modelo de atención esté al borde del colapso. La actitud indolente del gobierno de turno está generando un crecimiento más que significativo de la pobreza crítica, que está relacionada con la incapacidad de tener suficientes ingresos, como para asegurar la alimentación de las familias.
Por qué Panamá, un país considerado por el Banco Mundial como de altos ingresos ¿es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población? Según el economista panameño, Juan Jované, “entre esos mecanismos está el sistema fiscal del país diseñado y administrado en beneficio de los sectores dominantes, que “mantiene una baja tasa impositiva para los sectores económicos de altos ingresos, haciendo que el peso de la carga tributaria recaiga sobre los sectores medios de la sociedad y sobre los trabajadores. De acuerdo con el BID, Panamá sea el país con la segunda más baja relación ingresos – tributarios respecto al PIB.
La evasión fiscal
A la poca capacidad para atender las necesidades fundamentales de la población se suma otra grave situación: la evasión fiscal. Se trata de una forma de corrupción, de la que poco se habla, pero que es practicada sin mayor pudor por los sectores económicamente dominantes del país.
¿Cuál es la dimensión de la evasión?
Analizando el Boletín Estadístico Tributario (2018), publicado por la Dirección General de Ingresos del MEF, la evasión del impuesto sobre la renta por parte de las personas jurídicas, medida por el llamado “incumplimiento fiscal”, alcanza en el decenio 2007-2016, un promedio anual equivalente al 5.7% del PIB. Se trata de una enorme cantidad de recursos que suman B/. 21,695.7 millones.
¿Y qué pasa con el ITBMS?
En el ITBMS, la situación de la evasión también resulta sorprendente, ya que por ley el sector empresarial tiene la responsabilidad de recaudarlo y entregarlo al Estado. Para el período estudiado, la evasión alcanza a un promedio anual igual al 2.2% del PIB (B/. 7,361.4 millones).
El bienestar social perdido
Sumando ambos tipos de evasión representaron una pérdida de recursos para el Estado que alcanza B/. 29,066.1 millones, es decir el 7.7% del PIB correspondiente al decenio 2007 – 2016. Esta enorme pérdida de bienestar social potencial debe ser revertido frenando la voracidad de los sectores dominantes. Esto es clave para lograr una mayor equidad.
Alarmante desempleo al cierre de 2020

La titular de trabajo y bienestar social, por su parte, señaló que proyectan cerrar el 2020 con una tasa de desempleo de entre un 20 % y un 25 %. “Es alarmante, estamos hablamos de alrededor de 460.000 a 570.000 personas (desempleadas), un impacto muy fuerte para nuestra economía y, por supuesto, para nuestra fuerza laboral”.
Abuso de fuerza
Aunque las más de 60, 000 detenciones por violentar la cuarentena sean uno de los aspectos cuestionados, en relación con el manejo de la COVID-19, la forma y el lugar en que se han dado estos arrestos, generalmente en comunidades con necesidades básicas, también ha sido llamativo para distintos colectivos en Panamá.
Reapertura sin burocracia

Seguimos preguntándonos a qué se refiere la CCIAP con la reapertura de los sectores comerciales “sin ataduras burocráticas ni medidas que no se apeguen a la legalidad”. ¿Será burocracia supervisar que las empresas proporcionen a sus trabajadores los EPP y los cuidados básicos para no contagiarse?