Ya se interpuso una denuncia en la Procuraduría de la Nación en contra de la empresa minera. El emitir un carné para que se pueda transitar es ilegal, pues viola el artículo 27 de la Constitución, que dice todos los ciudadanos pueden transitar libremente por todo el territorio nacional.
Por Elizabeth Muñoz de Lao
Residentes de nueve comunidades de los corregimientos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, ubicadas en el área de concesión de Minera Panamá y alrededores, denuncian que su derecho al libre tránsito ha sido vulnerado con el consiguiente perjuicio para su salud, educación y bienestar social.
Al respecto, Fernando Márquez, Coordinador de Justicia y Paz de la Diócesis de Penonomé, expresó su preocupación por el hecho de que, pese a que el contrato con la minera ha sido declarado inconstitucional, los originarios y campesinos que habitan esas tierras desde hace unos 30 años, han sido confinados en sus comunidades y solo pueden salir durante dos días de la semana, con un permiso otorgado mediante un carné, por los encargados de seguridad de Minera Panamá. La cédula no es suficiente para cruzar los portones de la cerca perimetral.
La situación se da desde que se hizo la concesión y, pese al cierre de la mina, siguen impidiendo el libre tránsito a los moradores.
Primero la vida
Paralelamente, organizaciones y grupos religiosos emitieron el comunicado “¡Primero la Vida!”, en el que dan a conocer que esas comunidades, de mayoría ngäbe, ahora viven en el área “como si no fueran panameños, porque les impiden el libre tránsito, condicionándolo a un permiso, y también para sembrar y trabajar la tierra”.
El comunicado fue emitido el 16 de julio pasado por Pastoral Social Cáritas, Comisión de Justicia y Paz, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), Centro Pastoral Red de Vida, Comisión Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI) e Iglesias y Minería.
Estas organizaciones abogan por una investigación exhaustiva de estos hechos y que se tomen las medidas punitivas correspondientes. Además, que se busquen alternativas económicas, sociales, laborales y ecológicas para esa población, en armonía con el desarrollo integral de la Casa Común.
Asimismo, solicitan que se inicie el desmantelamiento de la mina y se detenga el actuar de la “policía minera” contra estas poblaciones.
Y la soberanía, ¿qué?
En tanto, Fernando Márquez destacó que, con este proceder, se ha mancillado la soberanía nacional, por lo cual se ha presentado un recurso legal ante la Procuraduría General de la Nación, como también ante la Defensoría del Pueblo, que están en trámite.
Se estima que entre 3,000 y 4,500 personas son afectadas con esta medida.
“Cuando se obstaculiza el derecho a libre tránsito, se violan otros derechos”, recalcó Márquez. Si las personas se enferman los días que no tienen permiso de salir, hay que hacer circunvalaciones muy largas o ir hasta el mar para llegar a Colón y son dos, cuatro, seis o más horas de recorrido, explicó.
“A pesar de la decisión de la Corte, siguen funcionando como si tuvieran la autoridad para disponer de quién pasa y quién no pasa en este territorio”, resaltó.
Ha habido brotes de problemas gástricos, sobre todo en Nueva Lucha, y hasta fallecimientos (cuatro el año pasado y este año dos) y se ha tenido que extraer a personas en helicóptero para llevarlos a la atención médica.
Hay informes de que el 30 de junio pasado, llegaron personas uniformadas como si fueran miembros de la Aeronaval y con armas de fuego, que golpearon y amenazaron con quemar sus viviendas a moradores. Se llevaron instrumentos de trabajo, como palas, machetes y hachas. También cortaron tuberías en San Benito. Ya se han quemado cuatro casas.
Él hace un llamado a Mi Ambiente, la Corte, Ministerio de Comercio, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que atiendan esta situación.
Hablan dirigentes comunitarios
Milciades Ábrego, dirigente comunitario, señaló que los pobladores salen los martes y viernes, “los demás días no podemos salir, ni caminando”.
Esto se debe a que, según la minera, “esa es zona privada y nosotros estamos en el lado de ellos metidos en este proyecto”, informó Milciades.
“Antes éramos comunidades libres. Hay varios moradores que no tienen carné y no pueden salir de esas tierras”, recalcó. Dieron la concesión con todos los habitantes dentro. Viven esta situación desde 2015.
“No puedo creer que, en mi propia tierra, yo tenga que pedir permiso para transitar. Eso no puede ser así, porque nosotros vivimos en territorio libre”, enfatizó el dirigente.
Por si fuera poco, también se regula el transporte. En Coclesito, que es el lugar por donde salen, el bus parte a las 4:00p.m. Ese es el horario que tiene la Minera para pasar por la garita y también para tomar el bus.
Cuando hay un problema de salud, especialmente, si es grave, no pueden salir si no es martes o viernes. Tampoco pueden hacerlo caminando con una persona en condición delicada porque hay que cruzar ríos y largas distancias. La única opción que les queda es comunicarse con el representante de Justicia y Paz de Penonomé (Márquez) y él les ha conseguido que los saquen en helicóptero.
Para hacer una llamada, deben buscar señal, incluso cruzando el río Petaquilla. Solo en Coclesito hay señal e internet.
En tanto, Alfredo Ábrego, también dirigente comunitario, detalló que las nueve comunidades afectadas son: San Benito, Nueva Lucha, Monte Virgen, Palmira, Nuevo Edén, Nueva Esperanza, Sinaí, Caimito y Belencillo Arriba, donde viven originarios y campesinos.
Son lugares de difícil acceso, adonde no llegan las autoridades de salud. Si hay un enfermo, se debe sacar permiso con dos días de anticipación a la Minera. En otras palabras, dice el dirigente, pareciera que hay que programar las enfermedades. Si llegan con el enfermo a la caseta, no los dejan salir.
Pide a las autoridades su intervención, pues mientras ese portón siga obstruyendo el libre tránsito, no solo los enfermos son perjudicados, sino los niños y adolescentes que van a las escuelas, quienes también deben sacar un permiso para entrar y salir.
La única “autoridad” que ha llegado al área, dice Alfredo Ábrego, es aquella que llega a quemar viviendas, quitarles las herramientas de trabajo de campo a los moradores y a amedrentarlos para que salgan de esas tierras.
¿La razón? “Ellos (la empresa) dicen que nosotros estamos ilegales viviendo en ese lugar”, señaló Alfredo.
Llamado de un pueblo que sufre
“Nosotros estamos sufriendo. Si el gobierno, la autoridad, no deja que la gente trabaje, entonces ¿qué va a comer?”, se pregunta. Piden que vayan a conversar con ellos, que los escuchen, porque tienen mucho que decir.
Como es costumbre de los pueblos originarios, ellos han vivido por generaciones en ese territorio, pero no tienen documentos.
Para colmo, los ríos se están secando porque la cordillera está como un desierto, lo han devastado todo, expresó con tristeza, colmada de indignación.
