Pastoral Social Cáritas, la Comisión de Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad, tras denuncias sobre requisas abusivas, restricciones y carencias en varios centros penitenciarios del país.
Por Redacción
Tras las recientes situaciones registradas en distintos centros penitenciarios del país, la Iglesia católica en Panamá manifestó su profunda preocupación por las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad y exhortó a las autoridades a garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y su dignidad humana.
A través de un comunicado conjunto, la Pastoral Social Cáritas, la Comisión de Justicia y Paz y la Pastoral Penitenciaria señalaron que han recibido denuncias y testimonios relacionados con procedimientos realizados en centros penitenciarios como La Joya, Colón, Chiriquí y Coiba, luego de la fuga masiva ocurrida en La Joyita el pasado 1 de junio.
Según el documento, familiares de los privados de libertad han reportado requisas que califican como desproporcionadas, humillantes y abusivas. Entre las situaciones denunciadas figuran el retiro de biblias, materiales de oración, documentos necesarios para audiencias, libros de estudio, artículos de aseo personal, ropa y otros bienes indispensables para la vida cotidiana.
La Iglesia también expresó preocupación por la escasez de agua potable, la disminución de alimentos, el desabastecimiento de medicamentos, la falta de atención médica oportuna y las restricciones impuestas a los familiares para entregar artículos básicos. Asimismo, lamentó la suspensión de visitas regulares, familiares y conyugales, así como de programas educativos, laborales y de resocialización.
Las organizaciones pastorales recordaron que la privación de libertad no elimina la dignidad humana ni los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, subrayaron que deben garantizarse condiciones adecuadas de alimentación, acceso al agua, atención médica, educación, trabajo, asistencia legal, contacto familiar y acompañamiento religioso.
Las personas privadas de libertad siguen siendo hijos e hijas de Dios, miembros de nuestras familias y parte de nuestra comunidad.
Por ello, solicitaron a las autoridades revisar los procedimientos de requisa para que se desarrollen con legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. También pidieron restablecer el acceso a materiales educativos y religiosos, reanudar las actividades de resocialización y permitir la verificación de las condiciones de los centros por parte de organismos competentes.
No obstante, el comunicado reconoce los esfuerzos que realiza el Ministerio de Gobierno para enfrentar problemas estructurales acumulados durante décadas dentro del Sistema Penitenciario. La Iglesia destacó que la crisis actual requiere respuestas firmes, pero también prudentes y humanas, capaces de garantizar la seguridad sin sacrificar la dignidad de las personas.
Finalmente, reiteró su disposición al diálogo y a colaborar en iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones penitenciarias y reducir el hacinamiento, reafirmando su compromiso de acompañar pastoralmente a las personas privadas de libertad y a sus familias.
Este documento lleva la firma de la licenciada Lidia Maribel Jaén, por la Pastoral Social, y de fray Francisco Javier Palomares, O.M., de la Pastoral Penitenciaria.
