MEREDITH SERRACIN
La pandemia Covid-19 ha despertado no solo la preocupación por protegerse del virus que ataca la salud sino, también, la necesidad que el manejo de los recursos del pueblo sea transparente.
Durante las últimas semanas, los escándalos de posibles irregularidades en compras relacionadas con la pandemia han puesto bajo la lupa a un gobierno de a penas 10 meses.
Y esto pone una vez más frente a una ciudadanía alerta, la necesidad de cambiar la ética de algunos funcionarios.
Para Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, es intolerable que se usen los recursos del Estado para beneficiar a un grupo pequeño, por lo que se debe erradicar la cultura de impunidad.
Jaén insistió en que la ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y que se den investigaciones con resultados.
Lo que refuerza Olga De Obaldía de la Fundación para el Desarrollo de las Libertades Ciudadanas, advirtiendo que la cuestionada compra de los ventiladores y la compra directa de publicidad son casos que generan una enorme desconfianza ciudadana.
Y que además son una muestra de que se deben tomar en cuenta las recomendaciones de organizaciones como CAF, el Fondo Mundial y Transparencia Internacional para que se eviten las prácticas monopólicas.
Lograr acuerdos marcos de precios justos de mercado y que se eviten los intermediarios en donde van a estar las ganancias «rapaces y leoninas», que se aprovechan de la condición de urgencia para hacer compras directas sin una libre competencia de proveedores al Estado.
Así mismo, la necesidad de una plataforma, en la cual se publique completamente el gasto público y las donaciones que está recibiendo el Estado del sector privado y el sector público internacional, para saber cómo se están gastando estos fondos de manera directa.
Incluso Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, respalda la propuesta de un grupo de profesionales de la salud de nombrar un grupo consultivo de expertos que identifiquen los requisitos técnicos de los insumos, antes de las compras y contrataciones quienes seguirían, conforme indican, los lineamientos y orientaciones que se han recomendado.
AUDITORÍA SOCIAL A PANAMÁ SOLIDARIO
La distribución de los bonos y bolsas de comida, a través de las juntas comunales, para muchos no se llevaron de la mejor forma y fue a discrecionalidad en detrimento de muchas familias necesitadas.
La fiscalización de la ciudadana se reflejó en el malestar de quienes han tenido que salir a protestar para llamar la atención de las autoridades. Situación que acercó a la iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, firmando un acuerdo de cooperación con la Contraloría General que tiene como objetivo una auditoría ciudadana con la participación de voluntarios de las distintas diócesis.
La Contraloría, por su parte, activará en su sitio web una sección para que se puedan hacer las denuncias de irregularidades, ya sea mediante un testimonio, foto o video.
Por su parte, el Arzobispo Monseñor José Domingo Ulloa apeló a la solidaridad de los empresarios para que una vez pase la cuarentena no se especule con el precio de algunos productos y servicios.
«Lo que entristece es que mucha gente esté pensando en lucrar con el dolor de las personas», lamentó Monseñor, agregando que las ganancias ya no pueden ser mil por mil.
MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA
Los cuestionamientos de compras o intenciones de compras, como la de 100 ventiladores que provocaron la indignación, es de los ciudadanos en redes sociales, están bajo la lupa del Ministerio Público.
Y aunque la compra no se concretó por 5.2 millones, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio. Este escándalo conllevó la renuncia del entonces viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, quien firmó y defendió ésta y otras compras.
También se investiga la presunta falsificación de documentos públicos que fue denunciada en conferencia por el nuevo viceministro Carlos García. Según lo expuesto por García, se habría falsificado un documento de compra de mascarillas, adulterando la firma del exviceministro y lo pagado por el producto.
CIFRAS
140 millones de dólares han sido reservados para el Programa Panamá Solidario
55.8 millones se han destinado en compra de vales.
84 mil panameños recibirán un bono de B/80, a través de sus cédulas.
191 millones ha recibido en transferencia presupuestaria, el Ministerio de la Presidencia para atender Estado de Emergencia
