Eduardo Soto P.
Para la mayoría, la ciudadanía se reduce a tener cédula para votar. Una vez ejercido el derecho al sufragio, algo ocurre en el cerebro y en el imaginario colectivo, pues el motor ciudadano como que se congela. Si creo que una situación en particular no afecta el bolsillo o la vida, ¡adiós, apaga y vámonos!
Para otros al menos existe Twitter, la red social del pajarito celeste que se ha tornado en depósito de frustraciones y quejas, a guisa de megáfono virtual.
El Papa Francisco señala que es deber del cristiano ir más allá: “En una democracia participativa, cada una de las fuerzas sociales son protagonistas imprescindibles. No son espectadores”, ha dicho.
Auditores sociales
En Panamá la Iglesia ha encontrado una manera para estimular la participación ciudadana, mediante la iniciativa que se conoce como “Auditoría Social”, una especie de congregación de laicos vigilantes, quienes de manera voluntaria se dedican a verificar que no se politice ni corrompa la entrega de bonos solidarios y bolsas de alimentos a familias afectadas por la pandemia del Covid-19, y la emergencia sanitaria que tiene la economía en franca desaceleración.
La iniciativa nació en la Comisión de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Panameña.
Rigoberto Pittí, coordinador nacional del proyecto, explica: “En marzo de este año estábamos trabajando en otro proyecto de participación ciudadana, y vimos la necesidad de involucrar a los ciudadanos en la vigilancia de los recursos del Estado, para que sean bien utilizados en este programa que inició el gobierno, llamado Panamá Solidario”.
Toma de decisiones
Pittí fundamenta la acción de “Auditoría Social” en lo que mandata la Doctrina Social de la Iglesia, que promueve la participación de los ciudadanos más allá de la elección de candidatos.
“En Panamá la Constitución nos permite a los ciudadanos participar de diferentes maneras, y de allí nació la idea de diseñar este programa de vigilancia organizada”.
De acuerdo al Coordinador Nacional, el proyecto fue presentado a los obispos de la Conferencia Episcopal, quienes lo aprobaron para que el presidente de este cuerpo eclesial colegiado, monseñor Rafael Valdivieso Miranda, firmara un convenio con la Contraloría General de la República de Panamá.
El proyecto consta de cuatro fases que son:
Diseño y conformación de equipos;
Capacitación
Recepción de denuncias y monitoreo en campo.
Por supuesto que el trabajo no termina ahí, pues también se hace un seguimiento de los procesos que se inician en la Contraloría, para luego evaluar los informes.
Las denuncias
Los ciudadanos pueden ejercer su derecho de participación cuando se percatan que algo va mal con estos bienes que son de todos, denunciando lo que ven mediante un formulario que la Comisión de Justicia en Paz tiene en línea.
“En cada diócesis tenemos comisiones diocesanas de auditoría social que evaluarán esas quejas, y elevarán esos a la Contraloría, que tiene una plataforma especial para esto”, señaló Rigoberto Pittí.
El licenciado Pittí añadió: “Es a la Contraloría a la que le compete controlar el buen uso de los bienes del Estado, y derivarlo a las instancias estatales que tienen que ver con procesos disciplinarios, de amonestaciones o judiciales”.
El programa de Auditoría Social cumple el rol de “monitorear” el progreso del caso a través de un código que se genera cuando se incorpora la causa a la plataforma de la Contraloría.
Voluntarios en acción
Son ochenta y cinco personas que se han inscrito, y están recorriendo el país como veedores de que el proceso de entrega de bonos y bolsas de comida se dé sin manipulación alguna.
Por el momento se han generado 35 expedientes, que responden a las denuncias presentadas por los ciudadanos en Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, según explicó la comisión.
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Se verifica que la entrega de recursos no se contamine con la corrupción y la partidocracia.
El presupuesto
“Iniciamos con cero”, fue la respuesta de Kathia Díaz, coordinadora de Auditoría Social de Panamá y Panamá Oeste, y que avaló Rigoberto Pittí.
“Este proyecto lo diseñamos con apremio por la urgente necesidad que existe”, por lo que el asunto prespuestario quedó pendiente.
Aún así, explica Pittí, la Contraloría se comprometió a facilitar los viáticos para alimentación, equipos de seguridad, higiene y traslado de los voluntarios que están haciendo las auditorías en cada región del país.
Le corresponde a cada comisión diocesana hacer su presupuesto por mes, según se explicó.
¿Cómo evitar ser utilizados?
Kathia Díaz sonríe con la pregunta sobre la amenza de ser instrumentalizados por los diferentes grupos de interés, y hace la pausa necesaria antes de responder.
Y lo hace en estos términos: “La mejor garantía y herramienta que tenemos es la trayectoria de la Comisión de Justicia y Paz al realizar los procesos de observación”.
“Hemos actuado en medio de situaciones en donde hay actores políticos como el gobierno, los partidos y el Tribunal Electoral , todos con diversos intereses (…) a pesar de eso lo hemos hecho de forma independiente con mucho éxito”, agregó Díaz.
“Como auditores sociales sabemos que nuestra misión es observar y tratar de entender los procesos (…) analizar las entregas de las ayudas y verificar que se cumplan los objetivos”, explicó Kathia Díaz, enfatizando que es prioridad evitar toda subjetividad personal.
