Cada día es más común el cierre de carreteras y avenidas como medida de protesta por parte de grupos y pobladores de comunidades, con el consiguiente efecto de incomodidad y perjuicios a terceros. Es un acto reprochable, sin duda, pero que, también, nos obliga a hacernos ciertos cuestionamientos.
¿Por qué los ciudadanos recurren a este método? Para algunos es una medida de presión, que se enmarca dentro de su ideología o proceder político; para otros, el único canal válido para que sus reclamos sean escuchados. De los primeros, difícilmente podemos esperar un cambio; en cuanto a los segundos, es tarea de la sociedad política y la sociedad civil crear los espacios y las vías para que el clamor de la comunidad sea atendido de manera expedita y eficaz.
Si analizamos las causas de las protestas que devienen en cierre de calles y carreteras, nos daremos cuenta que muchas de ellas responden a la falta de respuesta de la autoridad. Nuestro sistema centralista impide, en muchos casos, que la autoridad más cercana a la población, como el alcalde o el gobernador, dé la respuesta que necesita el pueblo en materia de atención a la infraestructura pública, o servicios básicos como la provisión de agua potable, recolección de basura, y ahora en pandemia, por bolsas de comida, y bonos solidarios e insumos médicos para hacerle frente al Covid-19.
Necesitamos invertir en democracia; pero invertir no sólo dinero, sino recurso humano, planes y estrategias, educación cívica, y oportunidades de participación efectiva por parte de la población panameña. El día que lo hagamos, veremos como pasamos del cierre de vías al poder ciudadano fundado en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
