Nuestro país está siendo sacudido por sonados escándalos de corrupción de empresas internacionales hacia administradores de los bienes públicos. Cuando se hace referencia a la corrupción administrativa, generalmente se piensa solo en el funcionario público, lo cual constituye un craso error, puesto que generalmente la corrupción se genera desde fuera del aparato administrativo del Estado, mediante la acción de personas que, desde sus perspectivas personales, reclutan, corrompen y ponen a su servicio a funcionarios públicos, para que sirvan a sus propósitos.
Panamá descendió 8 puntos en el índice global de competitividad del Foro Económico mundial 2014, respecto al año anterior. La corrupción figura entre los principales obstáculos para los negocios en Panamá, y le sigue una mano de obra poco calificada y la ineficiencia de la burocracia estatal.
Uno de los aspectos principales y que es el blanco favorito de estos señores, lo constituyen las compras que realiza el Estado y para ello se valen de un sinnúmero de actividades, dirigidas fundamentalmente a la obtención de información previa sobre precios oficiales, características de los actos, oportunidad de los mismos, colaboración en la calificación de las propuestas, así como en la recepción de artículos con características inferiores a las solicitadas, e incluso en la participación fraudulenta en los actos públicos, mediante la participación de varias empresas de un solo propietario en los actos.