Hace tres años fue aprobada la Ley No. 136, que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, pero su falta de reglamentación impide ser implementada y duerme el sueño eterno.
Argénida de Barrios, de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, reaccionó al respecto y dijo que “crear leyes y no implementarlas es un pecado social que lleva a que el adulto mayor sea violentado en sus derechos”.
Emérita González quien junto al padre Eusebio Muñoz, dieron seguimiento a los debates por parte de la Iglesia Católica hasta la aprobación de la Ley, explicó que para implementarla es necesario reglamentarla, compromiso que no sólo recae en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como institución rectora de las políticas públicas sociales, sino también de las organizaciones sociales que trabajan con las Personas Adultas Mayores.
Pese a que la Ley establece la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, exigencia establecida en la Ley, su implementación todavía no se logra por falta de presupuesto, por ende está pendiente el tema de la responsabilidad del Estado de brindar a través de las entidades competentes servicios de salud para las personas adultas mayores, mediante programas de nivel primario, secundario y terciario en todas las instituciones públicas de salud.
El capitulo III, en su artículo 16 de la referida Ley, establece las responsabilidades del Estado y su título II, la función y creación del Instituto del Adulto Mayor. También en su artículo 19, establece la creación y promoción de centros de cuidados diurnos a través de los municipios, en consonancia con la realidad socioeconómica de esta población.
