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Medidas económicas y financieras ante la crisis

Medidas económicas y financieras ante la crisis

Meredith Serracín 

La pandemia del coronavirus COVID-19 no llegó sola, a su paso ha provocado una crisis económica inevitable a nivel mundial, cuyo panorama no es alentador.

En Panamá, al igual que en el resto de los países, la velocidad de contagios ha provocado medidas que han paralizado la economía, en la gran mayoría de los sectores productivo del país, dejando sin trabajo a un número importante de ciudadanos y sin capacidad financiera.

Y aunque, las entidades bancarias y algunas financieras anunciaron medidas voluntarias para flexibilizar las condiciones de pago a los afectados económicamente por la pandemia, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 287 que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de Covid-19 y dicta otras disposiciones.

Esta iniciativa legislativa ha generado incomodidad en el sistema bancario y financiero del país, que incluso lo han calificado como peligroso a futuro.

Mientras los diputados defienden la iniciativa como de carácter social, el economista Roberto Brenes señala que con la moratoria propuesta por los bancos no se va a cobrar intereses sobre intereses, pero no se puede dejar de lado a los otros clientes, a los ahorristas, ¿qué pasa con esa gente cuando el banco decide no cobrar intereses?

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ASAMBLEA. Los diputados defienden la iniciativa como de carácter social.

Para Brenes, una moratoria total no estaría tomando en cuenta la cadena de pago que hay en el sistema bancario y financiero “eso va a trancar más al sistema de lo que lo va ayudar”.

Agrega que ya el Ejecutivo estableció esta moratoria en la Ley 281, que además establece una moratoria especial, para los créditos agropecuarios por un plazo de un año. La moratoria anunciada voluntariamente por los bancos aplica para los meses de abril, mayo y junio del 2020. 

Mientras que el proyecto de ley 287 suspende el pago de préstamos otorgados por instituciones bancarias y financieras, tanto públicas y privadas, al igual que los cánones de arrendamiento por un período de 90 días, a partir del 1 de marzo del 2020.

Por otro lado, el ministro consejero, Alejandro Rosas Pardini, ha señalado que el equipo liderado por el ministro de Economía, Héctor Alexander, que incluye representantes del sector privado y trabajador, ha puesto en marcha unas 27 medidas económicas y evalúa otras de un paquete de 106 que han identificados 

Esta iniciativa legislativa que ha generado incomodidad en el sistema bancario y financiero, tiene su vista puesta en quienes apenas tienen para subsistir.

Lo que aprobaron en el proyecto 287  

El beneficio de la moratoria de 90 días sólo aplicará para las personas afectadas por la crisis, es decir a las personas que se les ha suspendido o cesado de sus contratos laborales, trabajadores independientes y comerciantes, cuyas actividades se han visto afectadas por la medida sanitaria de cuarentena y cierre de actividades.

En ese punto, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Afines, Mario Luis González de la Cruz, señaló que lo que se quiere con esta ley es fundamentar las bases para trabajar en paralelo las acciones económicas que permita recuperar todos los sectores del país.

González indica que un ejemplo de que no se debe dejar la solidaridad a voluntad de los bancos o de las instituciones que brindan servicios, es que a más de 300 dueños de bares y restaurantes ya les llegó la factura de electricidad del mes de marzo, con el mismo monto de otros meses, cuando ellos llevan más de tres semanas cerrados.

La intención es propiciar efectivo a quienes están cobrando, y evitar cargas a quienes le han suspendido sus contratos de trabajo.

El proyecto agrega que las entidades bancarias, cooperativas o financieras públicas o privadas no devengarán intereses, recargos o cualquier otro tipo de cobro adicional por falta de pago, pago atrasado, sobre todo de los créditos de consumo o tarjetas de crédito por un término de 90 días, a partir de la aprobación de la Ley, a los afectados por la crisis.

Así mismo suspende por el mismo tiempo, el cobro de préstamos hipotecarios, personales y comerciales a jubilados y tarjetas de créditos, préstamos comerciales, préstamos otorgados al sector transporte y préstamos prendarios.

También suspende el pago de cánones de arriendo de oficinas locales comerciales y habitaciones.

El proyecto ley que recibió el apoyo de los 71 diputados de la Asamblea General establece que, una vez vencido el término de los 90 días de moratoria, los acreedores en común acuerdo con el deudor deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor o cliente pueda retornar y prorratear el pago de sus compromisos dentro de un período de 24 meses.

Sin que este acuerdo conlleve el cobro de intereses, recargos o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito. Lo aprobado en la asamblea también incluyó una moratoria de 90, en este caso prorrogables que beneficiará directamente a las radioemisoras nacionales del pago de los servicios públicos, esto luego del ruego insistente del diputado Hernán Delgado, propietario de una emisora. 

Una vez levantado el estado de emergencia sanitaria, las radioemisoras tendrían 2 años para ponerse al día con los pagos suspendidos. 

Bono solidario para quienes no tienen nada

Se le darán 80 dólares a cada familia que no cuente con la manera de llevar alimento a sus mesas.

Los diputados aprobaron también un artículo referente al bono solidario que se ha dispuesto entregar el gobierno a los afectados por la crisis del Covid-19.

Y aunque en un principio, la intención era fijar el bono en la suma de 300 dólares, que fue rechazado. Los diputados lograron consenso en que el bono que recibirán los trabajadores debe ser a razón del costo de la canasta básica familiar, para ello el proyecto de ley debe ser primero sancionado por el presidente Laurentino Cortizo. 

Por ahora, el bono ha sido establecido en la suma de 80 dólares que buscan ser acreditado a los afectados por el Covid, con la suspensión de sus contratos a través de sus cédulas que servirá como una tarjeta de débito. 

Según el ministro de Comercio, Ramón Martínez, hasta ahora se ha calculado llegar con este beneficio a unas 500 mil personas y que ya la Autoridad de Innovación Gubernamental ha estado toda la semana haciendo pruebas en los comercios. 

Martínez adelantó que también se evalúan las medidas que se podrán implementar para recuperar el sistema financiero después de la pandemia, siendo una de ellas un tratado de libre comercio con Corea del Sur, ya que en su análisis serán los mercados asiáticos los primeros en recuperarse.