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La paz social es posible desde la participación ciudadana

Los recursos económicos, o en especie, que maneja el Estado para la gestión de proyectos en beneficio de la población durante la pandemia, han estado bajo el escrutinio de la sociedad, desde el inicio de la crisis sanitaria.

Orlando Sánchez Meneses

“No pienses en ti, piensa en aquellas personas que necesitan de nosotros”, dijo Maritza, una joven de 24 años a sus compañeros de voluntariado, mientras realizaban sus tareas de Auditoría Social y existía el temor de verse contagiados por un virus mortal como la COVID-19. Adentrarse a un mundo desconocido, poder ayudar a una población en riesgo socioeconómico y brindarse en servicio al país, fueron sus motivaciones día a día.

Los recursos económicos o en especie, que maneja el Estado para la gestión de proyectos en beneficio de la población durante la pandemia, han estado bajo el escrutinio de la sociedad, desde el inicio de la crisis sanitaria.

Ante esta realidad se firma un convenio de Cooperación y Apoyo entre la Iglesia Católica y la Contraloría General de la República, el 24 de abril de 2020, promulgada en gaceta oficial el 3 de junio de 2020.

La Comisión de Justicia y Paz fue la responsable de la estructuración y ejecución de la auditoría.

Inició así un proceso de participación ciudadana con el objetivo de “fortalecer la vigilancia ciudadana, con acciones de auditoría social relacionadas con el uso de los recursos del Estado”.

Un proyecto que contó con la colaboración de 140 auditores sociales, voluntarios de todo el país, dentro de los cuales destaca la participación juvenil como principales componentes de los equipos, miembros de la Iglesia Católica y de la sociedad en general, quienes visitaron 305 corregimientos a nivel nacional, donde se acumularon un total de 454 denuncias al cierre del primer año de su ejecución.

La Comisión de Justicia y Paz fue la responsable de la estructuración, ejecución y presentación de este proceso histórico, primero de esta envergadura. Fue así como al término del primer año de vigencia del Convenio de Cooperación y Apoyo se presentó un informe que involucraría desembolsos y entregas por más de B/. 951 millones.

Pero, ¿cuáles han sido los resultados de este primer ejercicio?

Los resultados de la auditoría que fueron presentados en conferencia de prensa, recientemente, indican que se realizaron 278 giras de campo a lo largo del país.

Según el informe se lograron observar y evidenciar irregularidades y ambigüedades en el planteamiento del programa, desde las diferentes unidades administrativas responsables del mismo, siendo uno de los principales motivos de queja, la entrega del beneficio bajo “discrecionalidad y amiguismo”.

GESTIÓN. Los resultados de la auditoría que fueron presentados en conferencia de prensa.

Aunque el programa Panamá Solidario tenía fijo su objetivo en llegar a la población más vulnerable, a través de la auditoría social se constató que las familias de escasos recursos, principalmente de áreas rurales e indígenas, fueron las menos beneficiadas.  

Las provincias con mayor número de denuncias, hasta la presentación del primer informe el lunes 26 de abril, son las de Panamá (158 denuncias), Coclé (118 denuncias), Chiriquí (78 denuncias), y Panamá Oeste (73 denuncias), siendo la provincia de Coclé donde hubo una mayor necesidad de realizar giras de fiscalización (67), como parte de las investigaciones sobre las denuncias presentadas, incluso a lo que va del 2021.

Los bonos físicos y las bolsas de comida fueron los elementos de mayor número de quejas presentadas, 209 y 98, respectivamente.  El referido informe destaca la poca regularidad de su recepción, un importante desbalance en cuanto al valor económico de las bolsas de comida versus al valor de bonos y vales digitales, así como la exclusión del beneficio a extranjeros residentes en el país.

Las cifras hablan
  • AUDITORÍA. Se realizaron 278 giras de campo a lo largo del país, con la colaboración de 140 auditores sociales y voluntarios de todo el país.
  • OBSERVACIÓN Se visitaron 305 corregimientos a nivel nacional, donde se acumularon un total de 454 denuncias, al cierre del primer año de su ejecución.
  • INFORME. Los bonos físicos y las bolsas de comida fueron los elementos de mayor número de quejas presentadas, 209 y 98, respectivamente.

Por otra parte, las denuncias con respecto a la figura del “vale digital” acumulan un total de 75, siendo los principales motivos el no incorporarse en las listas de beneficiarios, pese a tener contratos suspendidos o ser desempleados.

Producto de estas denuncias, según información de la Contraloría General de la República (CGP), se lograron mejorar los procesos de gestión y entrega de los tres productos a los beneficiarios del plan, así como erradicar la politización, manteniendo la fiscalización por lo que dure la pandemia en un proceso de constante revisión y corrección.

Sin embargo, las dolencias en el sistema, como “el desconocimiento de las comunidades sobre el proceso de descentralización y las ventajas del uso del mecanismo de participación ciudadana”, así como la ausencia de políticas públicas integrales para el beneficio de toda la población, son los principales hallazgos que preocupan a la Comisión de Justicia y Paz como garantes del proceso.

Participación ciudadana continua

Esta ha sido “una gran oportunidad de generar participación ciudadana, permitiendo que las autoridades reaccionen, para que se usen de una manera más efectiva los recursos y con más transparencia”, señaló Rigoberto Pitti, coordinador nacional del proyecto y representante de la Comisión de Justicia y Paz.

Dijo que ha permitido un cambio cultural en la política panameña y también posibilitó el desarrollo de algunos aspectos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, aportando a un proceso de paz social como proyecto país.

Por su parte el Contralor, Gerardo Solís, informó de la reciente creación de la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas dentro de la estructura de la entidad, desde la que pretenden mantener activo este tipo de experiencias, fomentando una cultura social de control ciudadano sobre el manejo de los recursos del Estado.

Una iglesia en salida

ACCIÓN. La Auditoría Social es un paso firme hacia el fomento de una cultura de participación ciudadana

Sin duda alguna es un deseo de todos los panameños poder ser escuchados y erradicar las acciones que beneficien a unos por encima de los otros, por eso Monseñor Rafael Valdivieso, firmante de este convenio en calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), resaltó como importante este ejercicio de auditoría, “que ha permitido palpar como viven o sobreviven muchas personas en medio de una situación tan crítica como la que estamos viviendo”, señaló.

Esta experiencia, señala Monseñor Vadivieso, es una experiencia que evangeliza y que nos pone en el línea con la visión del Papa, de una iglesia que camina con las comunidades, un hito que nos pone en la mirada de la iglesia en toda la región y que se encamina a una asamblea eclesial, donde la participación de los laicos es fundamental.

Asimismo. afirmó que es un paso en firme hacia el fomento de una cultura de participación ciudadana, que marca un antes y un después de una acción realizada para el beneficio común.

El Obispo confía que esta herramienta comenzará a utilizarse a todos los niveles, como espacio para la plena participación ciudadana que garantizará lograr de manera efectiva el cumplimiento del proyecto de paz social post pandemia.

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