Afectados por accidentes relacionados con unidades del transporte público de la empresa Mi Bus se sienten engañados, pues no los han indemnizado. Sus vidas cambiaron. Unos fueron mutilados y otros ya no pueden trabajar.
Por Elizabeth Muñoz de Lao
«Voy a aguantar dolor hasta donde me permita mi Jesús Nazareno de Atalaya”. Esa es la consigna, entre resignada y esperanzadora, de Albertina Poveda, de 57 años, quien fue atropellada por una unidad de Mi Bus, en la Plaza 5 de Mayo, en el 2012.
Desde entonces, vive un calvario día a día, tratando de que la empresa Mi Bus o el Estado, que adquirió las acciones, le pague por los daños causados a ella y a otras 27 víctimas de accidentes relacionados con unidades de transporte masivo de esa empresa.
Estuvo hospitalizada más de cuatro meses. Aquel día iba para su trabajo cuando en un cruce en la Plaza 5 de Mayo, un conductor, también de Mi Bus, le dio paso, pero otro, en el carril de al lado, no se detuvo y la arrastró por el pavimento.
Ella sufrió heridas en la espalda, debajo de su brazo derecho, en el antebrazo izquierdo, en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Hubo que hacerle trasplante de piel sacada de uno de sus muslos para cerrar la herida del antebrazo, casi cercenado. Hoy, los dolores son insoportables y la epilepsia, producto del accidente, le han jugado muy malas pasadas.
Hace unos años, se quemó gran parte de su tronco con agua hirviendo, pues estaba haciendo café y sufrió uno de esos ataques. Trató de asirse a la estufa y le cayó el agua hirviente encima.
Hace poco, estaba en su patio cuando volvió a marearse y se cayó sobre su pierna izquierda. Se fracturó la tibia y se cortó en varias partes. Hoy tiene tornillos y grapas en las heridas.
En todo este proceso, ni la empresa, en su momento, ni el Gobierno le han dado “ni un cinco para medicinas”. Tampoco se han hecho responsables por lo sucedido.
“Para los asesinos del volante sí hay, para las víctimas de ellos, no”, dice con amargura Albertina, mientras su esposo, Samuel Guerra, la cuida.
Él se acogió a la jubilación anticipada para atenderla y ahora solo le alcanza para el arroz y el aceite. Se alimentan de los huevos que ponen sus gallinas, de lo que siembra en su patio y, de vez en cuando, de sardina o tuna. No hay para la carne ni los vegetales.
Albertina ve pasar sus días, en medio del llanto, sentada en un viejo sillón de su humilde hogar en Las Nubes de Arraiján.
Movilidad reducida
Un calvario similar vive Magaly Luna, de 58 años, quien aquel 27 de febrero de 2014 viajaba en un metrobús con su hijo, que venía de la escuela, rumbo a Torremolinos, en Panamá Este. El niño, de 10 años, se bajó; ella iba a hacer lo mismo, pero el conductor cerró la puerta, la atrapó y la golpeó. Luego cayó al pavimento y se fracturó la meseta tibial (de la tibia) y se hizo una luxación en la rodilla.
Como consecuencia, tiene seis tornillos y platinas en su pierna; la rodilla se le “sale” cuando camina, lo que le provoca una movilidad reducida; tiene artrosis y 10 años después, debe volver a operarse. Usa bastón de manera permanente, aunque los médicos le han augurado que necesitará silla de ruedas.
“Nosotros creímos en una promesa que nos hicieron”, dice, y agrega que tuvieron una reunión el 15 de abril de 2015 con el entonces ministro de Gobierno, Milton Henríquez. Él les aseguró que el Estado iba a adquirir las acciones de Mi Bus y el Gobierno se iba a hacer responsable de la indemnización de los 28 afectados.
Se les aconsejó que no interpusieran demandas, sino que hicieran un contrato que no era más que un acuerdo extrajudicial.
Así lo hicieron, pero luego cambió el Gobierno, el dinero nunca llegó, y no se les ha dado respuestas.
Mientras tanto, la vida de Magaly cambió para siempre al salir disparada de aquel bus. Ella tenía su emprendimiento y se ganaba la vida cocinando, ahora no puede hacerlo porque no soporta estar parada.
«Me siento como en una cárcel»
Otro viacrucis lo vive Edith Pino, quien regresaba del trabajo el 15 de julio de 2013. Al tratar de bajarse en la parada “Mi Pueblito”, en San Isidro, San Miguelito, no había terminado de hacerlo cuando el conductor arrancó, ella cayó, el bus le destrozó la pierna y quedó tendida sin conocimiento en una zanja. El conductor se fue sin reparos.
Detrás, en otro bus, viajaba el esposo quien la socorrió y la llevó al centro de salud y de allí al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Estuvo tres meses hospitalizada y le amputaron la pierna derecha.
Edith es diabética e hipertensa, le han dado varios infartos y hoy espera un diagnóstico que, como le dijo el médico, puede ser cáncer. Está muy delgada, no se alimenta bien y, además de su esposo, depende de sus vecinos, de su hermano, y de préstamos que pide a unos colombianos. Su único hijo, de 28 años, la lleva a las citas médicas.
Su cheque del Seguro Social es de 30 dólares mensuales, pues al momento del accidente no había pagado muchas cuotas, pero gasta, en un solo día, esos 30 dólares en taxi, ida y vuelta, para ir al Complejo. Eso sin contar las pastillas, la insulina, las tiras para las pruebas de glucosa, entre otros medicamentos.
“Usted no sabe las humillaciones que yo he recibido… me siento como en una cárcel, toda mi vida se fue”, dice con tristeza.
“Estamos mutilados y, cuando protestamos en la Presidencia, nos tiran más de 30 SPI”, se lamenta.
Han pernoctado por días en San Felipe, para pedir que los atiendan. Y nada.
Como estas tres mujeres, hay 24 personas más, todas con necesidades económicas, algunas mutiladas, con hijos pequeños, y hasta parapléjicas; otras que hasta se desmayan de hambre. Una víctima ya murió.
Todos se preguntan: ¿Qué pasó con el seguro para los usuarios del transporte?
Piden atender con urgencia notoria
Los afectados de hechos de tránsito relacionados con la empresa Mi Bus son 28, según un contrato que el Ministerio de la Presidencia firmó con un actuario y fue refrendado por la Contraloría en 2018.
Mediante ese contrato, el gobierno anterior se comprometió a hacer un estudio actuarial de daño moral, daño emergente y lucro cesante para los afectados.
En ese quinquenio se compraron las acciones de la empresa Mi Bus y se creó una comisión negociadora para comprarlas, en la que participaba el actual procurador de la Administración, Rigoberto González. Él advirtió sobre la existencia de este grupo de afectados por hechos de tránsito relacionados con Mi Bus que reclamaban indemnizaciones.
El estudio actuarial fue hecho por la empresa SH Consulting, S.A., y refrendado por Contraloría, pero los afectados continúan esperando y solicitan que, antes de que termine este quinquenio, el presidente Laurentino Cortizo los atienda con urgencia notoria y se les haga justicia.
Mientras, se han cruzado notas y se han hecho reuniones entre el viceministro de la Presidencia actual, Carlos García, y el anterior; el procurador de la Administración, Rigoberto González, el Defensor del Pueblo, anterior y actual, y el actual ministro de Gobierno, pero la respuesta sigue sin llegar.
