La Arquidiócesis de Panamá —a través de su Oficina de Comunicación y Prensa— informó esta semana que son veintitrés (23) los ministros ordenados los que han sido sometidos a procesos canónicos, la mayoría de ellos por renuncia.
En un comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis (OCPA) se explica que cuatro de esos expedientes canónicos culminaron con la expulsión del estado clerical de estas personas, decisión tomada por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Sante Sede (Roma) que es la instancia con el poder de ejecutar este tipo de sanción. Sin embargo, durante estos últimos diez años (2009-2019) la mayoría de los procesos ha correspondido a renuncias de los propios ministros. Se trata de doce (12) presbíteros y dos (2) diáconos quienes han decidido abandonar el ministerio.
Actualmente hay cinco expedientes abiertos y en investigación, correspondientes a cinco sacerdotes.
De estos cinco presbíteros que están sometidos a investigación canónica, tres de ellos corresponden a los recientes acontecimientos que han generado escándalo.
Coyuntura
Esta información proporcionada por la Arquidiócesis surge en el contexto de este reciente escándalo protagonizado por presbíteros nacionales, y que motivó la interrogante de los periodistas. Tres obispos integrantes del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña, CEP, (Monseñor José Domingo
Ulloa Mendieta, Arzobispo de Panamá; monseñor Rafael Valdivieso Miranda, Presidente de la CEP y obispo de Chitré; y monseñor Manuel Ochogavía Barahona, Secretario de la CEP y obispo de Colón) participaron de un conversatorio con la prensa nacional e internacional, así como con miembros de los movimientos laicales de la Arquidiócesis, donde dijeron sentirse avergonzados por los acontecimientos recientes y pidieron perdón, en nombre de la Iglesia Católica, a la comunidad de fieles y a las personas de buena voluntad en el país.
En este conversatorio se explicó que, por este escándalo hay tres sacerdotes suspendidos como medida cautelar en la Arquidiócesis de Panamá, y uno en la diócesis de Chitré.
El padre Luis Núñez, canonista y Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis, explicó que los sacerdotes involucrados están separados de sus cargos, y no pueden administrar ningún sacramento, mientras se les investiga, pero que será la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, la que decidirá sin continúan en el sacerdocio, o no, una vez se les remita el expediente que se está elaborando y lo estudien.
Penas canónicas
En este contexto la OCPA también emitió un documento en el que se aprovechó para explicar lo que son las penas canónicas en la Iglesia Católica.
En primer lugar se aclaró con los “delitos” en la Iglesia se dan cuando un integrante del clero (obispo, presbítero o diácono) comete una falta contra sus votos (castidad, pobreza y obediencia, si son de una congregación religiosa) o sus promesas (celibato y obediencia) si son diocesanos.
Luego se indicó que las sanciones eclesiásticas puede ser de dos tipos: censuras o penas medicinales, y las penas expiatorias.
Las penas medicinales pueden ser la excomunión, mediante la que se le prohíbe al reo administrar y recibir los sacramentos (se le excluye de la comunión con la Iglesia) y otra es la suspensión mediante la que, aun cuando conserva su estado clerical, el acusado no puede realizar las actividades propias de su condición, potestad u oficio.
La excomunión se aplica a laicos y clérigos, y la suspensión es exclusiva de los integrantes del clero).
Para otras faltas que, además sean delito en la justicia ordinaria, el clérigo deberá responder, además, ante los organismos competentes.
Algunas de estas sanciones podría ser aplicadas a los cuatros sacerdotes que protagonizaron el reciente escándalo.
